En cinco años, los tribunales sólo aceptarán documentos electrónicos
27/01/2011
En un plazo de cinco años, los tribunales españoles sólo aceptarán documentos electrónicos, según consta en el anteproyecto de Ley de Uso de las Tecnologías en la Administración de Justicia, que recibió este jueves el visto bueno del CGPJ.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com  Fecha: 27.01.2011

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, informó en rueda de prensa de que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces aprobó hoy dos informes favorables a sendos anteproyectos de ley elaborados por el Gobierno y tendentes a modernizar la Justicia.

Bravo explicó que uno de los anteproyectos sobre los que informaron favorablemente es la Ley de Uso de las Tecnologías en la Administración de Justicia, mientras que el otro es la Ley de Medidas de Agilización Procesal.

Sobre el referido al uso de las tecnologías en los juzgados, explicó que constituye el “cauce” que permitirá actualizar definitivamente los tribunales. Este proyecto permitirá la tramitación electrónica de todos los procedimientos judiciales, para lo cual regula el expediente y los documentos judiciales electrónicos.

Esta reforma, que el CGPJ quiere que se apruebe antes de verano, establece la obligatoriedad de la presentación de los escritos por medios electrónicos. Para lograr la total implantación del expediente electrónico se establece un plazo de cinco años, mientras que para la interoperabilidad en todo el territorio nacional se fija un plazo de cuatro años.

En cuanto al anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, Bravo señaló que busca reducir la “litigiosidad” en los tribunales, en concreto en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.

Con este fin, el anteproyecto busca “racionalizar” las materias de las que conocen los juzgados, al tiempo que se descarga de asuntos al Tribunal Supremo, con el fin de que pueda llevar a cabo su labor prioritaria, que es la unificación de doctrina.

En este contexto, la reforma limita el régimen de recurso en los juicios verbales -hasta 6.000 euros- y afecta al recurso de casación, elevándose la cuantía mínima para recurrir de 150.000 a 800.000 euros.