El documento electrónico, nuevo horizonte para la práctica judicial
07/10/2008
Hoy por hoy ya no es necesario renunciar a las ventajas del uso conceptual del soporte papel para manejar la información digitalizada. El documento electrónico es muy importante en el proceso modernizador. Urge adoptar medidas para que el papel no suponga un obstáculo en la oficina judicial.

 

 

Carlos Galán, miembro del Consejo Asesor de IPSA

 

La delicada situación de la Administración de Justicia y la necesidad de modernizar las herramientas que utiliza para el desempeño de su misión constitucional, nos animan a esta reflexión, en la que trataremos de despejar el panorama que hoy ocupan las enormes pilas de legajos que invaden las oficinas judiciales.
Muchos años han transcurrido desde la promulgación de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que animaba a las Administraciones Públicas a impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias. Desde entonces, sucesivas regulaciones han venido construyendo la iniciática senda que la ley había apenas esbozado.
Los últimos 10 años han animado al legislador español —inducido en ocasiones por la obligada transposición de directivas europeas— a la paulatina introducción de nuevos métodos, procedimientos y herramientas en el trámite de los procesos administrativos. Algunos ejemplos han sido
la firma electrónica, los servicios de la sociedad de la información y las telecomunicaciones, los contratos del sector público, el acceso electrónico del ciudadano a los servicios públicos, etc. Normas, todas ellas, que encuentran su razón de ser en la utilización de la tecnología, con el doble objetivo de
hacer más eficiente el trabajo de la Administración y su comunicación con el resto de las administraciones, con los ciudadanos, las empresas y las organizaciones.
El documento electrónico, concepto definido y regulado jurídicamente, en su enorme variedad de formas se configura como un elemento de importancia capital en este proceso modernizador. La tecnología ha hecho posible que no exista duda respecto de la autenticidad, la integridad y la confidencialidad de un documento electrónico y nuestra legislación se ha encargado de conferirle plena eficacia jurídica, otorgando, por ejemplo, a la firma electrónica reconocida la misma eficacia jurídica que se le da a la firma manuscrita.

 

 

 

Beneficios múltiples

 

Es necesario extender la digitalización certificada de documentos en papel, concepto introducido normativamente el pasado año por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Administración de Justicia. Esta posibilidad ha sabido conjugar la necesidad de informatizar el documento-papel con la exigencia de mantener lo que nos gusta denominar la cadena de la legalidad. Utilizar tales mecanismos supondría un beneficio múltiple: aumentaría la eficacia en el tratamiento de los procesos; ahorraría recursos escasos (tiempo de tramitación y dinero, esencialmente); mantendría
la debida confidencialidad de las informaciones contenidas en los documentos; y mejoraría las condiciones de trabajo de los funcionarios, contribuyendo a respetar el medio ambiente. Ya no es necesario, por tanto, renunciar a las ventajas del uso conceptual del soporte papel para manejar información digitalizada. La tecnología y el derecho lo han hecho posible. Se ha abierto un
nuevo horizonte para la práctica judicial. No nos detengamos.

 

 

Esta eficacia jurídica del documento electrónico firmado electrónicamente, como no podía ser de otra forma, también ha alcanzado a la Administración de Justicia, como así ha sido prescrito por nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial.
De todos es sabido que el volumen de papel que maneja una oficina judicial ha crecido tanto que, en la actualidad, está pasando de ser el facilitador de la justicia a convertirse en su mayor impedimento. Como quiera que la imparable implementación práctica de los mecanismos que hacen posible que los papeles nazcan en formato electrónico es, todavía, escasa, urge adoptar medidas eficaces para que el tratamiento del papel en la oficina judicial no suponga un obstáculo a su crucial cometido.