Las facturas públicas de más de 5.000 euros tendrán que ser electrónicas a partir del 2015
25/06/2013
Las empresas privadas «prestadoras de servicios de especial trascendencia económica» también habrán de abandonar el papel antes de esa fecha, según la Ley de Reforma de la Administración

Fuente:  www.abc.es

 

«Lo que está en internet ya nadie lo puede meter en los cajones», explicaba la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La nueva Ley de Reforma de la Administración introducirá la factura electrónica obligatoria para los obligados a tributación electrónica y para pagos mayores a 5.000 euros en el sector público a partir del 15 de enero de 2015. También en las empresas privadas «prestadoras de servicios de especial trascendencia económica» será imperativo a partir de esta misma fecha. La nueva factura electrónica, que según el Gobierno se aprobará este próximo viernes, tendrá las siguientes características y estará regida por los siguientes procedimientos:

- Los proveedores de las empresas de todos los niveles de la administración contarán con instrumentos como el sello electrónico y la firma electrónica.

- Se implantará la obligación de presentación en un registro administrativode las facturas expedidas y se creará un punto general de entrada de facturas electrónicas. De este modo, existirá una central de recepción de facturas electrónicas por cada Administración (Estado, cada Comunidad Autónoma y Entidades Locales) No obstante, se prevé la posibilidad de adherirse a los puntos creados por otra Administración en lugar de desarrollar uno propio en cada nivel.

- Gracias a la nueva factura electrónica existirá constancia del registro (no se quedará en los cajones) y así se protegerá al proveedor a la hora de demostrar su derecho de cobro y la fecha a efectos de devengo de intereses en caso de haya retrasos. La tramitación de las facturas también será más ágil gracias a las nuevas tecnologías.

- Las facturas tendrán un formato predeterminado con firma y sello electrónico. Antes de efectuar el pago a sus proveedores, las Administraciones Públicas enviarán a la Central de Información de Pagos datos de cada proveedor referidos a su identificación y al importe a pagar.

- Si el pago no se ha realizado, esta central comunicará diariamente a la entidad embargante de la existencia de la deuda, de su importe y de la entidad pagadora. La Administración tributaria deberá enviar una diligencia de embargo de compensación.

- Asimismo, todas las administraciones tendrán un registro contable de facturas vinculado al órgano gestor que tendrá que estar activo antes del 1 de enero de 2014. El Gobierno busca aumentar el grado de fiabilidad en las cuentas públicas al entrar en vigor el seguimiento del pago de frecuencia periódica. Estos organismos también elaborarán un informe trimestral sobre las facturas sin pagar que lleven más de tres meses anotadas. Las administraciones o empresas públicas incluidas en el registro de morosos serán tenidas en cuenta por el Gobierno a la hora de conceder préstamos a quienes no estén al corriente de pago.

- Los órganos de control interno emitirán anualmente un informeen el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de los municipios este informe será elevado al Pleno local.

- La Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya han incluido la facturación electrónica en varios documentos como una de las iniciativas para salir de la crisis en aras de crear un mercado digital único. El propio Parlamento Europeo ha instado a que la facturación electrónica sea obligatoria para todos los procesos de contratación pública en los países miembros antes de 2016.