La nueva Administración: menos trámites más ahorro
20/06/2013
El Gobierno comenzará este viernes en el Consejo de Ministros a desarrollar el informe sobre las Administraciones Públicas, que ayer presentó el presidente, Mariano Rajoy.

Fuente:  www.larazon.es

En concreto, citó como primeras medidas de este plan la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas, la del Procedimiento Administrativo, la de Subvenciones, la factura electrónica y la morosidad en las administraciones públicas. Sobre la mesa el Ejecutivo deja hasta 217 posibles actuaciones para conseguir unas administraciones públicas «más austeras, más útiles y más eficaces». Y con «menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas, y más agilidad, más facilidades y menos costes y más ahorros», según subrayó Rajoy en el acto institucional en el que «vendió» la filosofía de esta reforma y enumeró algunas de sus iniciativas.

Entre las 217 medidas del informe, en el que el Gobierno ha estado trabajando desde hace 7 meses, hay 120 propuestas a los gobiernos autonómicos para eliminar duplicidades y ahorrar así costes a las propias autonomías y al Gobierno de la Nación. Son recomendaciones, propuestas de cambio, que en buena medida quedan supeditadas a la voluntad de los barones regionales a la hora de ponerlas en práctica.

En la comparecencia de ayer fue especialmente llamativo el tono pactista y esquivo con la confrontación que en todo momento utilizó el presidente del Gobierno. Esta reforma fue una de las propuestas estrella de su programa electoral, y sobre ella se han suscitado expectativas máximas en un contexto de ajustes y de impopulares medidas que han recaído sobre el ciudadano. Pero con el actual modelo autonómico y las competencias exclusivas de las comunidades, su éxito depende de que éstas colaboren en el proyecto. El primer paso es la implicación del PSOE, a quien Moncloa invitó al acto de presentación del informe sobre la reforma de las administraciones públicas.

Los detalles de este informe se conocerán entre hoy y mañana en dos reuniones informativas convocadas en La Moncloa, y con la comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta ha dirigido la elaboración de este documento, en el que Hacienda también ha tenido una importante participación.

Pero ayer Rajoy ya enumeró algunas de las propuestas, incidiendo especialmente en aquellas que dependen directamente de la Administración General del Estado y en las que, por tanto, tiene capacidad para intervenir. La primera batería incluye el «presupuesto de base cero», por el que los ministerios deberán hacer su previsión de gasto «haciendo una gestión óptima de acuerdo con el tamaño de su instalaciones y el número de empleados»; ordenar las más de 4.800 cuentas bancarias que tiene la Administración General del Estado; potenciar las centrales de compra; regular por ley la creación a partir de ahora de organismos públicos o entidades, limitando su finalidad, sus recursos y nuevos controles; la simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental; la implantación de una ventanilla única para el comercio exterior; hacer realidad la Administración electrónica –con una historia clínica digital, cita previa electrónica en el Servicio Público de Empleo o en las Jefaturas de Tráfico, factura electrónica o tablón de edictos único en todas las administraciones–; el control de la deuda comercial del sector público, obligando a todas las administraciones a publicar el periodo medio de pago de sus facturas; o la creación de un servicio general de notificaciones electrónicas. Rajoy se paró a destacar, como gesto de ahorro, que la notificación postal cuesta 2,55 euros y la electrónica 0,19. Hay otras medidas de ahorro, que ya están en marcha como el plan de enajenación de 15.000 inmuebles y de reordenación de alquileres de sedes institucionales. El objetivo es que ningún edificio público está vacío, y la venta de inmuebles ya ha reportado ingresos cercanos a los 90 millones de euros.

Entre los «deberes» para las comunidades, aludió a medidas de las que se viene hablando desde hace años, como la de que instalen sus oficinas en el extranjero dentro de las embajadas y consulados. Sobre esto ha estado ya trabajando en esta Legislatura el Gobierno, pero no ha conseguido rectificar, por ejemplo, el «no» de Cataluña, pese a que la Generalitat esté en manos de Hacienda y del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por su quiebra financiera.

El informe también plantea a las comunidades que prescindan de sus agencias de Meteorología, de sus órganos de defensa de la competencia o de sus agencias de Energía. «Hay comunidades que no disponen de esas estructuras, que son caras, y desde el Estado se les presta el mismo servicio, con igual o mejor calidad, y sin coste adicional para sus ciudadanos», explicó el presidente.

Para no soliviantar a las autonomías o a los demás partidos, Rajoy subrayó que el documento que aprobará mañana el Consejo de Ministros es una propuesta, en la que no hay ideología, sino un intento de ser más eficaces. «Nos gustaría acordarla con todos. Lo vamos a intentar de buena fe». También incidió en que el ahorro no vendrá de la supresión de prestaciones ni de un aumento de los ingresos públicos, sino «de la supresión de estructuras administrativas donde no son necesarias para el cumplimiento del servicio público». Según los datos que dio, España tiene un gasto público en porcentaje del Producto Interior Bruto más de seis puntos inferior al de nuestro entorno. «Y casi dos tercios van destinados al gasto social y los servicios públicos básicos». También quiso calmar las suspicacias sobre el posible coste de esta reforma en materia de empleo público, incluso en lo que afecta al llamado «aparato administrativo». «Los profesionales que se dedican con entrega intachable a las tareas estrictamente administrativas y de gestión son sólo una cuarta parte de los empleados públicos del Estado y de las comunidades».