La Administración de Justicia en España en el siglo XXI
29/11/2013
La AEC aboga por un despliegue decidido de la Justicia sin papel y en red para acabar con la lentitud de los procesos judiciales

 

 ·  La Administración de Justicia debe considerarse como un sector prioritario y estratégico, una acción de Estado y no de Gobierno, en el que todos los involucrados colaboren en su transformación con visión de largo plazo.

 ·  La AEC pide una modernización estructural de la Administración de Justiciaque racionalice la inversión, aumente la eficiencia, la productividad y la transparencia todo ello a través del uso de las tecnologías de la información.

Las empresas de consultoría se posicionan como socio estratégico para gestionar el cambio tecnológico y cultural.

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) presenta el primer informe sobre Justicia: “La Administración de Justicia en España en el siglo XXI”.La AEC aboga por un despliegue decidido de la Justicia sin papel y en red para acabar con la lentitud de los procesos y trámites judiciales, a través de una apuesta firme por la implantación y el uso de nuevas tecnologías de la información.

La Administración de Justicia, pese a las mejoras acometidas en los últimos años, no se ajusta al grado de eficacia y agilidad que la sociedad demanda.Por ello, es preciso realizar una profunda modernización a través de la implantación de un modelo racionalizado para ser realmente eficaz, realizando una inversión rentable que aumente la productividad, simplifique el trabajo y los procesos judiciales y, consecuentemente, mejore la imagen de la Justicia como servicio público de calidad. Pero, sobre todo, ofrezca un mejor servicio al ciudadano.

Para llevar a cabo esta transformación, en la que las empresas de consultoría se posicionan como socio estratégico para gestionar el cambio tecnológico y cultural, es necesario establecer un Plan Estratégico que contemple la reducción de la carga de trabajo administrativo mediante la redefinición y optimización de los procesos. Además,es preciso implementar un uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación para lograr una Justicia en red y sin apeles, conectada y con la información accesible a todas las partes implicadas en el proceso.

La AEC propone que la Justicia sea considerada como un ámbito clave, una acción de Estado y no de Gobierno. Aboga por un cambio de modelo estratégico en el que la Justicia se convierta en un sector de actuación prioritaria y esencial, con vocación de largo plazo y desvinculada de los ciclos políticos, electorales y económicos.Para la AEC no es un problema de inversión ni de empresas ni de AAPP, sino de liderazgo y organización.

En la actualidad, el 71% de los ciudadanos (según el Barómetro del Observatorio de Actividad de la Justicia elaborado por WoltersKluwer) considera que es preciso mejorar los medios técnicos ya existentes; un 14% cree que es necesario incrementar el número de juzgados y otro 14% que deben aumentar tanto los medios técnicos como el número de juzgados. En cuanto a la inversión, España se sitúa en noveno lugar entre los países europeos, con una inversión de 91,4 euros por habitante, por encima de la media que se encuentra en 58,2 euros, aunque lejos de ser suficiente para conseguir la eficacia necesaria.

La AEC considera que, para que este cambio se haga efectivo,es necesario establecer un modelo colaborativo, para que la modernización de la Justicia no solo recaiga en la Administración, sino que el ámbito público y el privado compartan esa responsabilidad. Además, propone que las mejoras giren en torno al usuario, tanto final, como aquellos usuarios de los sistemas de la Administración de Justicia: jueces, magistrados, fiscales…

Para Manuel Pimentel, presidente de la AEC, “la apuesta tecnológica es un proyecto económicamente viable, jurídicamente posible y técnicamente realizable, siempre que se vea respaldado por una decisión política, clara y coordinada. El liderazgo debería ser compartido por el Ministerio de Justicia, el Consejo del Poder Judicial y las comunidades autónomas”. Y añade “existen ineficiencias provocadas por la propia estructura del organismo, con una duplicidad de funciones y un gasto excesivo de recursos que responden a una organización territorial obsoleta”.

El papel de las consultoras como socio estratégico

La industria de la consultoría se posiciona, gracias a su dilatada experiencia internacional y su amplio conocimiento del sistema judicial español, como socio estratégico de la Administración, capaz de aportar un alto valor en la modernización de la Administración de Justicia.

Las empresas de consultoría pueden aportar sus grandes conocimientos en el desarrollo e implementación de estrategias organizativas en el ámbito global y local para que los organismos implicados en la Administración de Justicia elaboren las estrategias adecuadas, mejoren los procesos y coordinen los actores implicados en la modernización.

Se hace necesario modernizar la parte organizativa para hacerla más sencilla, moderna y operativa con el fin de optimizar los recursos de los que dispone. El uso de las TIC permitirá avanzar hacia modelos de Justicia en red y sin papeles, lo que supone, además de una mejora de la productividad, llevar a cabo una supervisión y gestión de la actividad judicial mediante la implantación de modelos avanzados de evaluación del desempeño que incorporen sistemas de indicadores y análisis del procedimiento con los que simplificar el proceso. Así como participar en la gestión del cambio, que implica además un cambio de cultura con la implantación de un modelo compartido eficaz en el que todos los actores se vean reflejados.

Justicia sin papel conectada en red. Integración de las nuevas tecnologías

Es preciso evitar duplicidades, corregir ineficiencias y garantizar la gestión eficaz de recursos para continuar avanzando hacia la Justicia sin papel. Las empresas de consultoría pueden aportan su expertise, entre otras muchas materias, en la implantación de un modelo conectado gracias a la implantación del expediente judicial electrónico y el uso generalizado de la firma electrónica.

La mayor integración de las tecnologías de la información y la comunicación reducirían la carga de trabajo administrativo, optimizaría costes, mejoraría la coordinación y comunicación entre los agentes, potenciaría las posibilidades de compartir datos y reforzaría los mecanismos de seguridad de acceso ala información.

Se trata de avanzar en la interoperabilidad de los sistemas, con la verdadera creación de una justicia en red, con lo que se ganaría en agilidad y sencillez en el acceso a la información. Todo ello, redundaría en una mejora del servicio al ciudadano.

Ventajas de la implantación de las nuevas tecnologías

·         Eficiencia y agilidad en las tramitaciones

·         Mejoraen la organización y gestión del procedimiento judicial

·         Mejora de las comunicaciones entre distintos órganos

·         Incrementa la productividad de los profesionales

·         Automatización de tareas administrativas más pesadas y repetitivas

·         Facilidad de almacenamiento y recuperación de la información

·         Esquemas de tramitación que agilicen los procesos

·         Favorece el acceso a la información y las aplicaciones evitando traslados innecesarios

·         Seguridad en el acceso a la información