Fuente: http://blogs.periodistadigital.com   Fecha: 27.04.2009

 Me estoy refiriendo a la Circular 6/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre acuerdos adoptados en relación con las consultas realizadas a través del Punto Neutro Judicial (PNJ).

 El PNJ es una red privada de comunicaciones, desarrollada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de la Comisión de Informática Judicial, que permite el acceso de los órganos judiciales a las bases de datos de las diferentes Administraciones Públicas y Organismos cooperadores con la Administración de Justicia; así, conociendo por ejemplo únicamente el DNI de una persona, un funcionario de justicia de cualquier población, podría acceder a información muy personal y privada de cualquier ciudadano.

Esta Circular de tan sólo 4 párrafos viene a establecer una importante limitación a su utilización; puede parecer irrelevante, pero hagamos un pequeño esfuerzo y vamos a leer entre líneas…

El punto 2 de la circular indica:

“Poner en conocimiento de los Secretarios Judiciales la realización de cualquier consulta indebida realizada por los funcionarios, por si considerasen conveniente proceder a su baja como usuarios de la aplicación de consulta. Si las consultas indebidas fueron realizadas por los Secretarios Judiciales, se pondrá en conocimiento de los Secretarios de Gobierno a los efectos oportunos.”

Este punto nos muestra, implícitamente, que se realizarán auditorías periódicas con el fin de poder detectar consultas indebidas realizadas en el PNJ por los funcionarios; en el supuesto de detectarse se pondrán en conocimiento del Secretario Judicial correspondiente.

Pero sin embargo, es el tercero el punto caliente, donde se plasma perfectamente la naturaleza ibérica de nuestra España, esa España del marujeo y de “Radio Patio”, dice:

“Establecer que, respecto de las consultas no autorizadas por resolución judicial de las que pudiera derivarse la comisión de una falta grave o muy grave por perseguir la obtención de cualquier tipo de información relativa a ex cónyuges, familiares o terceras personas, físicas o jurídicas, que guarden cualquier relación con cónyuges o familiares de los usuarios, se remitirá copia a las Administraciones disciplinariamente competentes para que, en su caso, se instruyan los correspondientes expedientes, remitiéndose testimonio al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia territorial mente competente, cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito.”

El simple hecho de que en una Circular de 4 párrafos, en el tercero se especifique con tanta precisión a esos sujetos -víctimas-, nos tiene que llevar a concluir que hasta la fecha es algo habitual que los funcionarios curioseen, sin legitimación jurídica, los datos personales y confidenciales de sus ex cónyuges, o investiguen por ejemplo, antecedentes de familiares o amigos.

Lo cierto es que en lo referente a la calificación de indebidas de esas consultas no autorizadas por resolución judicial, no era necesaria esta Circular, para eso tenemos la propia Ley Orgánica de Protección de Datos entre otras Leyes, e incluso el propio Código Penal.

Lo alarmante para estos funcionarios curiosetes, es que ahora se enviará una copia de esos accesos indebidos a la Administración disciplinar competente para que actúe en consecuencia.

Estas son circunstancias que deberían suscitarnos dudas respecto a si queremos seguir navegando hacia una administración electrónica donde cada vez más se centralicen todos nuestros datos en un único punto, siendo conscientes de que la parte más vulnerable de estos sistemas se encuentran en el PEBKAC, y sería por tanto recomendable exigir esfuerzos para intentar solventar estas debilidades antes de seguir avanzando en la tecnoloyía punta.