Está claro que algo hay que hacer. España cuenta con una población que está envejeciendo y en la que aumenta el número de personas con enfermedades crónicas que necesitan cuidados de larga duración. Si a ello unimos la ‘rutina’ con la que algunos pacientes (que no la mayoría, obviamente) acuden a la consulta del médico, o de urgencias, y el creciente coste de unos tratamientos cada vez más sofisticados y tecnologizados, obtenemos las claves de uno de los principales problemas de nuestra sociedad: el déficit económico que arrastra la sanidad.
Como han señalado diversos políticos y expertos, y como ha recordado recientemente el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, en el ámbito sanitario no hay dinero para todo, por lo que es imprescindible realizar reformas.
Es verdad que tanto en España como en el resto de la Unión Europea el coste sanitario absorbe una gran proporción del gasto público. Sin embargo, en nuestro país, este coste y el PIB no evolucionan de la misma manera. Por ejemplo, mientras que el primero aumentó el 8,31% de 2005 a 2006 y el 6,95% de 2006 a 2007, el gasto sanitario lo hizo en un 9,02% y en un 8,24%, respectivamente. Ya en 2009, éste superó los 63.000 millones de euros, lo que representa el 6,1% del PIB, un porcentaje demasiado elevado.
La tendencia hacia un mayor envejecimiento de la población continuará en el futuro. Se prevé que en el año 2050 España se convierta en el país más viejo de Europa. A ello hay que sumar el incremento en la demanda de servicios sanitarios, los nuevos tratamientos más costosos, la cronificación de las enfermedades y el todavía enorme gasto farmacéutico, que en 2010 ascendió a 16.000 millones aunque, todo hay que decirlo, en los últimos diez meses éste ha disminuido en 1.275 millones.
Ante esta coyuntura, algunos políticos pretenden cargar el problema sobre los ciudadanos y ya han lanzado sugerencias como el copago sanitario o el abono por consulta. Incluso, el ex vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes afirmó recientemente que el copago sanitario ya existe en el caso de los medicamentos y nadie se rasga las vestiduras.
Ésta podría ser la solución más fácil y la que llenaría las arcas de la Administración más rápidamente. Pero también sería la más injusta y la que más dañaría el estado del bienestar en el que tanto confían los españoles. Sobre todo en un momento en el actual, con casi cinco millones de parados y unas dificultades económicas que no terminan de solucionarse para un gran número de familias.
Por eso, sería preciso que políticos y gestores de la Administración desarrollasen un poco más la imaginación y trabajaran en solucionar las verdaderas causas del problema, cuyas raíces provienen, fundamentalmente, de una gestión deficitaria, que provoca un incorrecto aprovechamiento de los recursos ya existentes.
Pero, ¿cómo se puede mejorar la gestión? Se trataría de aplicar algunos principios (no todos, lógicamente) de la empresa privada. En concreto, aquellos que están basados en la eficacia y la rentabilidad, y que aprovechan las sinergias para maximizar los resultados. Está demostrado que existen gestores tan profesionales en la administración pública como en la empresa privada. El problema, pues, no está en eso sino en la voluntad política para dejarles actuar con criterios de eficiencia y rentabilidad empresarial.
Es evidente la importancia de racionalizar costes y mejorar la eficiencia. Para ello, es necesario estudiar en profundidad y corregir el modelo organizativo en aquellos aspectos que sean necesarios. Las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho en esta tarea, así como la mayor información y educación, entre profesionales y ciudadanos, que fomente la solidaridad y corresponsabilidad en el uso de los servicios sanitarios.
En este punto, cobra verdadera importancia una correcta planificación de los servicios, que debe hacerse con criterios de eficiencia y no con otros como, por ejemplo, conseguir el voto de los ciudadanos a corto plazo. Así como una gestión del personal sanitario, que mejore los ratios de eficiencia y rentabilidad.
Eso no quiere decir que la administración pública se convierta en una empresa, ya que los objetivos que guían a ambas son distintos. Pero sí es posible aprovechar la experiencia de las estrategias de gestión privada que han llevado al éxito empresarial. Y, en este punto, la colaboración entre el sector público y el privado puede resultar muy ventajosa, tanto en acuerdos con proveedores de productos y servicios como para desarrollar sinergias.
Muchas de las soluciones ya han sido aportadas por las consultoras, que han presentado al Gobierno y a las Administraciones sus iniciativas para mejorar la sanidad pública. Sólo hay que ponerlas en práctica.
El problema existe pero también existen las soluciones. Es cuestión de incluir criterios de eficacia y rentabilidad, dentro de un contexto de asistencia pública universal y ‘gratuita’, que debe seguir guiando los criterios del estado del bienestar.