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01/10/2016
Tecnología, AEC
Tecnología, AEC
26/08/2015
La administración electrónica es la premisa sine qua non de la transparencia. El procedimiento electrónico deja rastro.

 Fuente;  nosoloaytos.wordpress.com

s más legal, eficiente y transparente. Impensable ser legal sin ser transparente, e imposible ser transparente sin ser legal: ¿cómo concebir tal disparate si con la transparencia se exhiben los entresijos de la administración? ¿Qué clase de corrupto querría ser transparente? Uno al que le agradase el cálido ambiente de la cárcel, sin duda. Hablando con un poco más de rigor técnico, y pensando como siempre en explicar las cosas para los que todavía no lo ven, he aquí los 10 puntos de conexión, inopinables, entre administración electrónica y transparencia, los cuales explican al mismo tiempo por qué es totalmente imposible la segunda sin la primera.


1.- Democracia. La administración electrónica, según su definición oficial, tiene como fin mejorar los procesos democráticos (recordemos que la transparencia también es el instrumento principal del Gobierno Abierto):

«La administración electrónica es el uso de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.» (Comisión Europea)

2.- Lucha contra la corrupción. Evidentemente no es necesario explicar la relación causa efecto entre mayor transparencia y menor corrupción. En cuanto a lo electrónico, “deja rastro”, permanece, queda documentado y almacenado (facturas, informes, resoluciones, documentos…). Estos días he leído con gran vergüenza ajena que en varios Ayuntamientos en los que ha habido cambio de Gobierno, toneladas de papeles han pasado por la destructora o directamente “desaparecido”. Aún más bochornoso fue el caso del supuesto incendio fortuito del archivo municipal de cierto Ayuntamiento justo la noche anterior a la mañana en la que se iba a proceder al registro judicial del mismo, dentro de una investigación por presuntos delitos “de corrupción”. Dicen que “el papel lo aguanta todo”. El ciudadano, durante mucho tiempo, también “ha aguantado el papel”.

Un portal de transparencia es mucho más que una simple medida estética
Un portal de transparencia es mucho más que una simple medida estética

3.- Portal de transparencia. Entrando ya en harina, es decir, en la parte jurídico técnica de la transparencia, cabe recordar la obviedad de que los Portales que dan cumplimiento al principio de publicidad activa y, en el supuesto ideal, al derecho de acceso a la información, son portales de Internet. Estos deben ser, además, accesibles, interoperables y reutilizables (los portales y, sobre todo, la información contenida en ellos). Los mencionados son conceptos comunes tanto a la administración electrónica como a la transparencia. Por su parte, el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico establece en su art. 39: “Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente”.

4.- El acceso es electrónico. Según todas las normas reguladoras de la transparencia y del moderno procedimiento electrónico, el derecho de acceso a la información se ejercerá fundamentalmente a través de medios electrónicos. Esto es coherente con la obligación general de que los procedimientos administrativos sean electrónicos pero sobre todo con el tipo de derecho o de procedimiento que se está ejerciendo, encuadrado totalmente en la llamada “participación 2.0”. Para este acceso electrónico, además, se solicitará la identificación al ciudadano, pero no necesariamente la firma electrónica (si bien por supuesto se puede validar mediante certificado), en aras a facilitar y fomentar el uso del trámite.

5.- Archivo electrónico. Y para que el derecho de acceso sea electrónico (y accesible, interoperable y reutilizable) resulta imprescindible disponer de un archivo electrónico. Razones de eficacia y eficiencia, evidentemente, también aconsejan que el Portal y el derecho de acceso sean no solo “electrónicos”, sino también en la medida de lo posible “automáticos”, salvo que queramos que el cumplimiento del principio de publicidad activa se convierta en un suplicio o la demanda ciudadana masiva de información paralice el normal funcionamiento de la administración. La importancia del archivo electrónico, elemento troncal y absolutamente capital para el desarrollo tanto del procedimiento electrónico como de las obligaciones de transparencia, ha sido poco valorada (o quizá “poco vista”) hasta la fecha, pero de su relevancia dan buena cuenta los Proyectos de ley de procedimiento y de régimen jurídico, que lo regularán expresamente. Ahora esta relevancia será no solo práctica, sino también legal.

6.- Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Ya hemos dicho que la Ley de transparencia, en relación al Portal, establece que la información publicada “será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad”. Recordemos que el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Por todo ello, la interoperabilidad es un concepto clave de la administración electrónica y de la transparencia.

7.- Esquema Nacional de Seguridad (ENS). La seguridad jurídica, la informática e incluso la física están ahora mismo en peligro por el simultáneo crecimiento de los datos e informaciones electrónicos (big data) de forma paralela a las amenazas para los mismos. Es por tanto una obligación ineludible para la administración mejorar la resiliencia de sus sistemas, porque la protección de los datos de carácter personal está en juego y porque evidentemente los datos y la producción documental electrónica tienden a aumentar exponencialmente. Determinados datos e informaciones no son accesibles; debemos protegerlos junto con el mismo sistema. Por lo demás, los Proyectos de ley de procedimiento y de régimen jurídico, en sus aludidas referencias al procedimiento electrónico, establecen su necesaria adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, estableciendo medidas que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.

8.- Licitación electrónica. Qué duda cabe de que la licitación electrónica es más legal, transparente y eficiente. De todos los ámbitos que abarca la nueva actuación administrativa electrónica, la e-licitación es sin duda el que mejor representa el espíritu del ahorro, legalidad y lucha contra la corrupción. La propia LTBG establece obligaciones adicionales de publicidad con respecto a los contratos públicos, incluidos los menores (art. 8.1.a), uno de los talones de Aquiles de la ética pública. Desde el punto de vista técnico se hace necesario integrar el Perfil de Contratante en el Portal de Transparencia. Otros posibles Portales, como “el del licitador” o “el del proveedor” servirán para normalizar las relaciones electrónicas entre la administración y las empresas licitadoras, contratistas o proveedoras cuando presentan una plica, una factura, o cualquier otro tipo de documento. En resumen: licitación electrónica es transparencia o, dicho de otra forma, el procedimiento electrónico que mejor la representa.

9.- Reutilización (RISP). En cuanto al principio de publicidad activa, la Ley de transparencia establece que se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. Evidentemente un formato no electrónico no puede ser reutilizable, por lo que, jugando con la etimología de la palabra, no puede ser útil. Es cierto que la citada Ley de 2007 no está actualizada a la normativa europea, por lo que pronto será modificada. El Consejo de Ministros ya ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que modifica la Ley de 2007, con el fin de incorporar las novedades al respecto que introduce la Directiva comunitaria de 26 de junio de 2013. Por lo demás, la reutilización de la información del sector público (RISP) consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público, con fines comerciales o no. Hablamos todo el tiempo de datos, informaciones y documentos electrónicos.

10.- Participación 2.0. Los pilares del “gobierno abierto” son transparencia (y rendición de cuentas), participación y colaboración. Evidentemente la primera es un medio y las dos restantes son los objetivos a lograr en cuanto a las modernas relaciones entre administración y ciudadanos y resto de actores públicos. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local supuso en la práctica poco más que la creación de un régimen específico para grandes ciudades. De los pocos aspectos realmente relativos a la “modernización del gobierno local” (y positivos de la Ley), destacamos la obligación de impulso de las TIC: “las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas”. Este art. 70. bis. 3º LBRL, de alguna manera “reforzado” por el más moderno art. 25.2.ñ (procedente de la LRSAL), se encuentra pendiente de materialización desde 1 de enero de 2004 por cierto, por lo que se hace difícil hablar de “novedades” cuando se abordan estos temas. Personalmente me maravilla que alguna de estas cuestiones coja a los gestores públicos del año 2015 por sorpresa. Por lo demás el inciso legal es algo impreciso, pero no por ello deja de aludir claramente tanto a la administración electrónica (presentación de documentos, realización de trámites), como al Gobierno Abierto (participación, encuestas, consultas), todo ello por medios electrónicos, y de forma obligatoria (“deberán impulsar”).




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