Internautas denuncian ante la CE la normativa española sobre interceptación de comunicaciones
04/08/2009
La Asociación de Internautas ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra la normativa que regula la “interceptación legal de las comunicaciones”.

Fuente: www.cibersur.com     Fecha: 04.08.2009

La denuncia es por ignorar las garantías constitucionales y comunitarias que protegen su correcta ejecución, como por ejemplo, el hecho de que deban ser ordenadas por un juezPara AI, la ejecución de la interceptación legal de las comunicaciones, “hoy por hoy, está regulada por una norma de rango inferior a la que debiera, ya que el art. 55.3 de la Constitución Española dice que ha de tratarse de una Ley Orgánica (y no ordinaria), la que determine “la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial” determinados derechos fundamentales como el derecho al secreto de las comunicaciones”.

En España, son los artículos 83 a 101 del “Real Decreto 424/2005, de 15 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios”, respaldados a su vez por la “Ley Ordinaria 25/2007, de 18 de Octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones”, que vino a dar nueva redacción al artículo 33 de la “Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones”, los que determinan “la forma” de las interceptaciones, es decir, el cómo se han de ejecutar.

Estas normas, apuntó la asociación, además de ser de carácter infra-orgánico, establecen que las interceptaciones de las comunicaciones puedan iniciarse sin autorización judicial previa. Los “agentes facultados” por el Gobierno, en el marco de una investigación penal, pueden pedir a las operadoras datos personales de sus usuarios (datos de tráfico como las horas de llamada, la duración de las mismas o, la identificación de quien llama y es llamado), sin que un juez haya determinado exactamente qué usuarios pueden verse afectados y los motivos legales que así lo amparan.

Por este motivo la Asociación de Internautas acudió en el año 2005 a los tribunales españoles, pero sus pretensiones fueron finalmente desestimadas en el año 2008, con una resolución del Tribunal Supremo que consideraba esos datos personales no son dignos de protección como parte del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y por tanto, ajenos a la obligatoria orden judicial que previamente ha de establecer con detalle la ejecución de la interceptación.