Rebelión en la Red por el proyecto que permitirá a Cultura cerrar sitios Web
02/12/2009
La futura Ley de Economía sostenible abre la puerta a la censura administrativa

Fuente: http://www.elmundo.es  Fecha: 2.12.2009

De nada han servido las buenas palabras de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que aseguró que la ley no prevé que se corte el servicio de internet a los usuarios "en ningún caso".

Ya circula por la Red un manifiesto contrario a dejar en manos de una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de cerrar páginas web que, a su juicio, vulneran los derechos de propiedad intelectual. Se abre así una peligrosa puerta a la temida censura administrativa.

Todas las alarmas se han disparado tras la publicación esta semana del texto del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que introduce la figura de dicha comisión.

La propia ministra reconocía que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo, las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros.

Contra los sitios, no contra los usuarios
El texto de la Ley introduce varias reformas puntuales que harán posible este extremo. Por un lado, se modifica la Ley de Propiedad Intelectual para la creación de este órgano, llamada Comisión de Propiedad Intelectual, con potestad para decidir qué páginas web vulneran los derechos de autor o "facilitan" su vulneración -por ejemplo, porporcionan enlaces a sitios de descargas de música, películas, videojuegos...- y, según su propio criterio, bloquearlas.

Por otro lado, se introduce otro punto en el artículo 8 de la LSSI en el que habilita a "los órganos competentes" la potestad de exigir a los operadores que identifiquen a aquellos "responsables" que estén realizando actividades presuntamente vulneradoras de los derechos de autor. "Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos que dispongan", afirma el texto.

Es decir, que la Comisión de Propiedad Intelectual podrá solicitar la identificación de los responsables de sitios web y, en su caso, cerrarlas, y todo ello sin la intervención de un juez 'a priori'.

González-Sinde insistía, como ha hecho el Gobierno en los últimos meses, en que la persecución de las prácticas contra la propiedad intelectual en Internet no iba a estar enfocada en los usuarios (como sucede en países como Francia o Reino Unido), sino contra los sitios de descargas.

Manifiesto de protesta
No obstante, lejos de tranquilizar a nadie, ha puesto en guardia a usuarios, blogueros, profesionales y creadores de Internet. Un manifiesto de 10 puntos pone de relieve que la nueva normativa podría situar los derechos de autor por encima de otros derechos, como los de privacidad, seguridad, de presunción de inocencia, de tutela judicial efectiva y de libertad de expresión.

El manifiesto también afirma que "la nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural" ya que, gracias a la Red, se ha democratizado la creación de contenidos, los cuales ya no provienen exclusivamente de las industrias culturales. Y sugiere un cambioo de modelo para un sector "basaba en el control de las copias de las obras".

También exige al Gobierno que "devuelva a la sociedad el conocimiento, promueva el dominio público y limite los abusos de las entidades gestoras", además de "garantizar por ley la neutralidad de la Red en España".