Red SOStenible contraataca con una carta a jueces contra las medidas 'antipiratería'
27/01/2010
Las medidas propuestas por el Gobierno para combatir los intercambios no autorizados de archivos protegidos por derechos de autor siguen provocando más reacciones. La última, una carta de la plataforma Red SOStenible a jueces y magistrados en la que les invita a "aportar su grano de arena" con el fin de evitar un "atropello" a los derechos yu libertadoes fudamentales.

Fuente:  http://www.elmundo.es   Fecha: 27.01.2010

Continúa el trámite del polémico anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que recoge la posibilidad de que una entidad administrativa pueda ordenar el cierre de un sitio web con autorización de la Audiencia Nacional.

El jueves, el pleno del Consejo General del poder Judicial debe pronunciarse sobre un informe que avala el texto del anteproyecto, aunque advierte de que la nueva competencia puede suponer una gran "carga adicional de trabajo" para los juzgados de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

Mientras, la plataforma Red SOStenible, que aglutina profesionales de la creación artística, de la informática, y del mundo empresarial y jurídico, entre otros- ha publicado una misiva dirigida a los jueces y magistrados españoles en la que razona que "la iniciativa (del Gobierno) supone un atentado a la separación de poderes y las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial".

Según Red SOStenible, la disposición adicional primera del texto de la LES "atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web". "Dicha previsión puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces" según la Constitución, recuerda la plataforma.

"Los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa", prosigue la carta, que subraya que "el procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías".