Valores y derechos de Internet
21/01/2010
Los avances en la Sociedad de la Información suponen nuevos retos para la ciudadanía de este mundo online, global y cambiante. Surge la necesidad de reflexionar sobre los valores y derechos que caracterizan a la sociedad en este medio y abordar la problemática de cómo promover la aplicación adecuada y la transposición de los derechos ya aceptados y reconocidos.

Fuente:  http://iberarte.com   Fecha:  21.01.2010

Valores y derechos en Internet: un camino a recorrer

Hasta hace muy poco tiempo, las relaciones humanas, ya sea entre personas físicas o entre personas jurídicas, tenían lugar a través de tres canales: el presencial, el postal y el telefónico y todo el mundo parecía tener claro cuáles eran las reglas a las que debían someter sus transacciones. En las relaciones comerciales, por ejemplo, imperaba lo que se ha dado en llamar la lex loci, esto es, la ley del lugar en el que se llevaba a cabo el pacto. Ante un asunto de importancia, era raro que el acuerdo de voluntades fuera asumido por personas alejadas entre sí, a distancia. La presencia física simultánea de los otorgantes constituía un elemento fundamental para determinar la seguridad jurídica del acto, el momento de su celebración, el foro jurídico que le sería aplicable, etc. Además, la distancia era un poderoso condicionante que atemperaba el tempo de los negocios, un tempo lento o, como mucho, andante.

La explosión en el uso de las redes de comunicaciones abiertas y, singularmente, la masificación del uso de Internet, vinieron a dar un vuelco a este modelo. Hoy día se toman acuerdos en cuestión de segundos, y los partícipes pueden estar alejados miles de kilómetros, en países diferentes, en distintos continentes, incluso.

La explosión en el uso de las redes de comunicaciones abiertas y, singularmente, la masificación del uso de Internet, vinieron a dar un vuelco a este modelo. Hoy día se toman acuerdos en cuestión de segundos, y los partícipes pueden estar alejados miles de kilómetros, en países diferentes, en distintos continentes, incluso.

Internet¿Cuál es la ley aplicable en este caso? ¿Cómo saber cuáles son nuestros derechos ante relaciones que han hecho trizas los conceptos de espacio y tiempo que utilizábamos sólo diez o quince años atrás?

Alejado de aquel patrón, inspirado en mecanismos del S. XIX, hoy lo que prima es la velocidad, el vértigo, en ocasiones. Usamos Skype para mantener una audio conferencia con alguien de Berlín, al tiempo que recibimos un borrador de contrato de un partner en California, sin dejar por ello de encontrar un hueco en nuestro ancho de banda para remitir nuestra declaración de impuestos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, usando la firma electrónica de nuestro DNI, … y todo ello sin dejar de atender nuestro perfil en Facebook y sin salir del mismo navegador de nuestro ordenador.

¿Qué estamos haciendo? ¿No estamos yendo más allá de lo razonable? ¿Poseemos las suficientes garantías de seguridad y confianza que nuestros actos demandan?
Internet ha supuesto para las sociedades occidentales el derrumbe de unas estructuras que creíamos afianzadas y ha dado paso a un nuevo modelo de relaciones: las relaciones electrónicas.

Obsérvese que hemos obviado, a propósito, el término “virtual”. Utilizar el término “virtual” como contraposición a “real” para designar las relaciones que tienen lugar a través de Internet creemos que está desfasado. Hoy, tan “real” es la presentación telemática de nuestra Declaración de Impuestos como aquella que hacíamos en el pasado, tras aguantar varias horas de esperas en las colas de las Delegaciones de Hacienda. Ambos mecanismos gozan hoy de las mismas prerrogativas y poseen idéntica eficacia jurídica.

De los tres elementos que componen un mecanismo de relaciones: sujetos, canal y contenidos, el paradigma de Internet sólo ha alterado el último de ellos. Los dos restantes siguen siendo, sustancialmente, los mismos.

Pero, en esta tesitura, ¿cómo saber, en un momento dado, cuáles son nuestros derechos?, ¿qué debemos hacer y qué debemos esperar de los demás?
Aparece aquí el concepto del Derecho, en sus dos acepciones: en sentido objetivo, entendido como Derechos Humanos; y en sentido subjetivo, entendido como el derecho aplicable a la situación concreta.

Desde finales del S.XVIII, la humanidad (o una porción historio gráficamente significativa de la misma)ha sentido la necesidad de dejar claro cuáles deberían ser aquellos derechos irrenunciables que le correspondían al ser humano, por razón de serlo, sin importar su credo, nacionalidad, sexo o situación.

Europa ha sido siempre adalid de este acercamiento universal a una concepción humanista del Derecho. El último eslabón de esta larga cadena iniciada tras los años de la Revolución Francesa lo ha constituido la entrada en vigor, el pasado 1 de diciembre, del Tratado de Lisboa, que hace lo propio con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Este texto recoge, de manera unificada y por primera vez en la historia de la Unión Europea, todos los derechos de la persona.

Sobre este asunto, y a la luz de las realidades y retos de la Sociedad de la Información, habrá que preguntarse en qué medida aparecen nuevos "derechos de los hombres" y si tales nuevos derechos constituyen una categoría en sí mismos o, por el contrario, deben tratarse como meras concreciones de los tradicionales Derechos Fundamentales esgrimidos por las Cartas de Derechos Humanos y los Tratados Internacionales sobre la materia.

Asumiendo que la llamada Sociedad de la Información supone un avance en el desarrollo del ser humano, conviene ahora determinar si esa Sociedad de la Información hace aflorar nuevos derechos (o nuevas perspectivas de antiguos derechos), sin los cuales no es posible un desarrollo adecuado y global de sus postulados.

Entre tales derechos, a título meramente enunciativo, y sin que ello suponga un númerus clausus, podrían citarse:
‐ Derecho a la privacidad en la Sociedad de la Información.
‐ Derecho al reconocimiento y a la Propiedad Intelectual.
‐ Derecho a la participación política directa.
‐ Derecho al anonimato y, a sensu contrario, a la plena identificación, según cada circunstancia, elegida por el ciudadano.
‐ Derecho a la plena equivalencia jurídica de los métodos tradicionales de relación entre personas físicas y/o jurídicas con los métodos electrónicos.
‐ Derecho al acceso a las redes de telecomunicaciones y a los servicios públicos, sin discriminación por razón de pertenencia a comunidades nacionales, nivel económico o social.
‐ Derecho a que el ordenamiento jurídico regule completamente y sin demora el marco de las relaciones telemáticas entre personas físicas y/o jurídicas, a nivel mundial y de manera armonizada.

Pero ahí no acaba todo: frente a estos Derechos Fundamentales surgen otros derechos, consecuencia de las relaciones humanas, de naturaleza mercantil, administrativa, civil, penal, etc. Y esta relación, por ser global, involucra potencialmente a todo el planeta.

 
Así, un delincuente “cibernético” podría cometer un delito en un estado A, desde un estado B, y residir en un estado C. ¿Cuál sería la legislación aplicable?
Este tipo de relaciones, donde la subjetividad y la “manera de hacer” particular de cada colectividad ha venido marcando su devenir histórico, ha constituido, desde los mismos inicios de la Sociedad de la Información (la Sociedad de Internet), un reto para los juristas de todo el mundo, con unas consecuencias de magnitud hasta ahora desconocida.

En algún modelo, como es el caso de la Unión Europea, entidades supra‐nacionales han impulsado el desarrollo de legislaciones tendentes, sobre todo, a armonizar un derecho disperso y, en ocasiones, dispar, cuando no a normativizar comportamientos hasta entonces no regulados. Son muchos los ejemplos que podemos poner de estas iniciativas europeas, plasmadas a menudo en forma de
Directivas: Sociedad de La Información y Comercio Electrónico, Protección de Datos de Carácter Personal, Firma Electrónica, Telecomunicaciones Factura Electrónica, Administración Electrónica, etc.

De menor calado han sido otras iniciativas regionales (caso de los países del Mercosur, por ejemplo), siendo exclusivamente locales o domésticas (EE.UU., por ejemplo) o simplemente inexistentes (caso de China, por ejemplo).

Así, frente a la dicotomía lentitud‐rapidez de la que antes hablábamos, habría que añadir ahora esta otra de localidad‐globalidad a la que acabamos de hacer referencia.
Por todo ello, podemos decir sin ánimo a equivocarnos, que la humanidad se encuentra en un momento trascendental que vendrá a condicionar su desarrollo futuro. El hombre de los inicios del S.XXI, poseedor por primera vez en su historia de poderosas herramientas globales, no tiene, sin embargo, instrumentos jurídicos globales que le permitan explotar aquellas con plenas garantías, físicas, jurídicas y, por qué no decirlo, morales.