Las Cajas deben afrontar una reforma legal que limite el peso de las instituciones políticas
08/04/2010

Según el estudio, la presencia de las Administraciones Públicas en los Consejos de Administración de las Cajas debería disminuir progresivamente hasta limitarse a un máximo del 25%.

 
       Madrid, 8 de abril de 2010. Las Cajas de Ahorros deben afrontar una reforma legal que limite el peso de las instituciones políticas en sus órganos de gobiernos. El objetivo es reforzar las exigencias de idoneidad para el puesto de administrador y alto directivo, eliminar –favoreciendo la transparencia y el acceso al mercado de capitales- las trabas regulatorias a la emisión de cuotas participativas y sustituir los aspectos más sustantivos de la regulación de las comunidades autónomas sobre las Cajas por una normativa estatal básica. Esta es la principal conclusión del informe, La reestructuración de las Cajas de Ahorros y la reforma de sus regulación, elaborado por el Centro PwC/IE del Sector Financiero y presentado esta mañana por su director, Luis de Guindos. (El Centro PwC/IE del Sector Financiero es una institución de carácter académico puesta en marcha por PricewaterhouseCoopers y el IE Business School, cuyo objetivo es analizar los retos a los que se enfrenta el sector).
 
Según el estudio, el Banco de España debe liderar el proceso de reestructuración de las Cajas de Ahorro. Ello exige elaborar un procedimiento de actuación tasado y transparente, que cuente con el mayor consenso político. Además, el informe recomienda una disminución progresiva de los cargos en los Consejos de Administración en representación de las Administraciones Públicas y en la Comisión de Control de las Cajas, pasando del 50% a un máximo del 25%.
 
El documento incluye una serie de recomendaciones en tres ámbitos, principalmente. En el campo de la regulación y la supervisión de las comunidades autónomas propone:
 
·         Mantener sin ambigüedades la responsabilidad única del Banco de España sobre la regulación y supervisión prudenciales de las Cajas de Ahorros.
·         Eliminar cualquier restricción legal a las integraciones interregionales.
 
 
·         Regulación básica del Estado de cuestiones organizativas y de funcionamiento de órganos de gobierno de las Cajas.
·         Con respecto a la Obra Social, el Estado debería regular, con carácter básico, algunos aspectos como, por ejemplo, los criterios técnicos para la distribución geográfica del gasto de la Obra cuando una Caja tenga presencia en varias comunidades autónomas. Por otro lado, debería encontrarse un procedimiento transparente para que las comunidades autónomas intervengan en el proceso de decisión del reparto sectorial del gasto de la Obra.
·         El Banco de España debe jugar el papel fundamental en la reestructuración de las Cajas de Ahorros. Ello exige contar con un procedimiento de actuación tasado y transparente que sería deseable que contara con el mayor consenso político.
 
En relación a la cuotas participativas:
 
·         Obligatoriedad por ley de la emisión de cuotas participativas.
·         Las cuotas participativas deberían poder conferir derechos políticos plenos a sus adquirentes. No obstante, para evitar la pérdida del control de una Caja, lo que permitiría su privatización, podría fijarse un límite máximo de participación de los cuotas participativas en los órganos de gobierno de las Cajas.
·         En general, las condiciones de emisión de las cuotas –incluidas las reglas para su remuneración– deberían flexibilizarse, acercándolas en todo lo posible al capital de las sociedades mercantiles.
 
Por último, en el ámbito de los órganos de gobierno:
 
·         Refuerzo de las normas de buen gobierno de las Cajas, en la línea de lo aprobado en los últimos años, y de mejora de la transparencia al mercado.
·         Disminución progresiva de los cargos en representación de las Administraciones Públicas en los consejos de administración y en la Comisión de Control de las Cajas, hasta alcanzar un máximo del 25%.
·         La reducción citada en la representación de las Administraciones Públicas podría ser ocupada por tenedores de cuotas participativas.
·         Eliminación de cargos públicos electos en los órganos de gobierno de las Cajas.
·         Aplicación con rigor de las normas de idoneidad ya existentes para los vocales ejecutivos de los consejos de administración y los altos directivos de las Cajas.
·         Ampliación de los requisitos de idoneidad a vocales no ejecutivos.
·         Revisión de las competencias de la Comisión de Control, buscando su integración con la Comisión de Auditoría y garantizando su independencia de otros órganos de gobierno.
 
Nota:
 
El informe La reestructuración de las Cajas de Ahorros y la reforma de su regulación ha sido elaborado por el Centro PwC/IE del Sector Financiero, institución de carácter académico puesta en marcha por PricewaterhouseCoopers y el IE Business School, cuyo objetivo es analizar los retos del sector financiero. El contenido de este informe refleja única y exclusivamente la opinión del Centro PwC/IE del Sector Financiero.