Homologar las cuotas participativas con acciones o traspasar el negocio bancario a una entidad de crédito, alternativas de las Cajas
10/06/2010

          Madrid, 10 de junio 2010. El estrechamiento de los márgenes, el aumento de la morosidad y el exceso de capacidad del sector bancario están afectando negativamente a las Cajas de Ahorros, cuya reestructuración se plantea como una cuestión imprescindible. Pero, ¿cómo debe hacerse esta reforma del sector y cuáles son los modelos que podrían adoptarse?

          Una vez analizada la reforma de las Cajas en su primer informe y para dar respuesta a este interrogante, el Centro PwC/IE del Sector Financiero ha elaborado un nuevo estudio en el que se analizan diferentes opciones hacia las que podría encaminarse el sector. Dada la complejidad del entorno que atravesamos, así como los requerimientos de liquidez y capital que se derivarán de los nuevos acuerdos de Basilea, se requiere un análisis detallado de los modelos de otros países y de las alternativas viables.

          Según el informe, Un Nuevo Modelo para las Cajas de Ahorro, , la cajas tienen dos alternativas. La primera, homologar lo máximo posible las cuotas participativas a las acciones ordinarias y, la segunda traspasar toda la actividad bancaria de la cajas a una entidad de crédito, o banco, que pueda capitalizarse con facilidad. El Centro PwC/IE del Sector Financiero es una institución de carácter académico puesta en marcha por PricewaterhouseCoopers y el IE Business School, con el objetivo es analizar los retos a los que se enfrentan las entidades financieras.

           El estudio, que se ha realizado a partir un análisis de las regulaciones en Reino Unido, Italia, Alemania y Noruega, concluye que la reforma de la figura jurídica de las Cajas no es lo esencial, ya que en Europa existen ejemplos de Cajas con forma societaria, de fundación bancaria y de entidad cooperativa, entre otras. “Los cambios jurídicos y formales no resuelven, por sí solos los problemas de captación y generación de recursos”. Además, resalta que “ya hay en la Unión Europea experiencias de segregación de actividad bancaria y de la benéfico-social”. En este último caso, “la entidad dedicada a la obra social participa, total o parcialmente, en el capital de la sociedad que desarrolle el negocio puramente bancario, para obtener así unas rentas para financiarse”. En esa última opción caben, a su vez, dos posibilidades: mantener el modelo actual de Cajas o que estas pase a ser fundaciones reguladas por la Ley de Fundaciones.

 
Las alternativas jurídicas de las Cajas de Ahorros son:
 
              Modelo 1.- Homologación de las cuotas participativas a las acciones ordinarias. En esta opción, la concesión de derechos políticos a los cuota partícipes supone reducir la representación proporcional de algunos o de todos los grupos de interés de las Cajas.  El estudio recomienda compensar la participación en los órganos de gobierno de los cuota partícipes con una reducción de la correspondiente a las Administraciones Públicas, entidades y corporaciones de derecho público, incluida la entidad fundadora.
 
En el caso que se desee evitar la pérdida de control de una Caja, podría fijarse un límite máximo de participación de los cuota partícipes en sus órganos de gobierno. Eso sí, esta medida podría reducir el atractivo para los inversores institucionales, que deberían ser los financiadotes naturales de las futuras Cajas. Para captar a estos inversores “parece necesario eliminar la disposición legal actual por la que ninguna persona, natural, jurídica o grupo económico puede ostentar, directa o indirectamente, cuotas participativas por un importe superior al cinco por ciento del total”.
 
             Modelo 2. Traspaso de la actividad bancaria de las Cajas a una entidad de crédito, que pueda capitalizarse adecuadamente. Esta segunda opción, “permite mantener la actual estructura de gobierno corporativo”. Una segunda alternativa, dentro de este modelo, sería que “la Caja renuncie a su carácter de entidad de crédito para convertirse en una fundación sólo regulada por la Ley de Fundaciones”, que desarrollaría actividades benéfico sociales y que sería la propietaria del banco. “Este modelo puede tener un mayor recorrido, que tanto la figura de un banco como la de las acciones de una sociedad anónima son más reconocidas por los inversores”.
 

           Las dos alternativas analizadas suponen, en definitiva, “una mayor exposición de las Cajas de Ahorros a los mercados, para poder captar más recursos propios de terceros”. Las ventajas de una mejor capitalización obligan, también, a aceptar una mayor disciplina por parte de los mercados. En ambos casos, es necesario dar entrada a nuevos grupos de interés: los cuota partícipes o los accionistas del banco participado; Esta cuestión no es baladí: “es previsible la aparición de tensiones políticas en las Cajas, primero, porque los nuevos accionistas pueden querer participar en la toma de decisiones estratégicas y, segundo, porque a estos grupos hay que remunerarlos adecuadamente”.  

 
 El informe destaca que en todo el proceso de cambio de modelo es preciso el mayor grado de transparencia posible, ya que el objetivo es el incremento de los recursos propios de las cajas a través de una mayor apelación a los mercados. Las normas mercantiles y financieras garantizan la transparencia en los dos modelos propuestos pero, dada la importancia económica y social de las Cajas, podría plantearse la constitución de un órgano ad hoc de carácter consultivo.
 
El estudio concluye que “el entorno financiero será fundamental para el éxito de los cambios y, en particular, el restablecimiento de la normalidad en los mercados financieros y la recuperación de la confianza en los emisores públicos y privados. Las entidades van a sufrir el impacto de Basilea III y, en principio, se verán obligadas a emitir acciones y otros instrumentos financieros con los que cumplir los nuevos requisitos regulatorios”.
 
 
 
 
Nota:
 
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