La Administración devora empresas
15/11/2011
Un total de 461 mercantiles han suspendido pagos en tres años, y en este último trimestre se ha registrado incluso un fuerte repunte.La elevada deuda pública es la causa principal de muchos de los últimos concursos de acreedores.

Fuente:  www.laverdad.es  Fecha:  15.11.2011

'Certus an et incertus quando'. El latinajo define a la perfección la relación que muchas empresas no solo de la Región, sino de toda España, mantienen con la Administración pública. Existe la certeza de que algo ocurrirá, pero se ignora cuándo. Las adjudicatarias de contratos públicos saben que acabarán cobrando por los servicios prestados y por las obras realizadas, pero no saben en qué momento se producirán los pagos. Y, lo que es peor, desconocen si llegarán antes de que la firma se vea abocada a acudir al concurso -voluntario o necesario- de acreedores.
Desde el año 2004 hasta el 31 de septiembre de 2011 han sido 550 las empresas murcianas que han acabado en concurso de acreedores -lo que antes se denominaba suspensión de pagos-, aunque la gran mayoría de estos casos (461) se han registrado en apenas tres años: desde septiembre de 2008 a la actualidad.
No parece, además, que la cosa vaya a mejorar. El último Baremo Concursal publicado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) demuestra que entre enero y septiembre de 2011 han sido 106 las compañías que han ido al concurso de acreedores en la Región y en el tercer trimestre de este año (julio-septiembre) se ha producido además un fuerte repunte respecto al mismo periodo de 2010: 34 declaraciones de concurso, frente a 26, lo que supone un incremento de casi el 31%. Una cifra como para preocuparse.
«En casi todos los casos estamos hablando de declaraciones voluntarias de concurso, no necesarias o instadas por un acreedor, y cada vez se trata de empresas con más empleados y con mayor volumen de facturación», explica Antonio del Saz, director del despacho Landwell-PwC. «Lo peor del asunto es que son firmas que han estado en apariencia bien gestionadas, que son viables y que tienen mucho trabajo, pero a la vez son empresas con las que las administraciones públicas tienen una elevadísima deuda. Me niego a pensar que cualquier mercantil que haya resistido hasta ahora haya estado mal gestionada. Ocurre que han hecho un gran esfuerzo por aguantar, pero ya no resisten más porque el dinero que les adeudan no les llega».
Comunidades autónomas, Gobierno de la Nación y ayuntamientos se están convirtiendo así, de un tiempo a esta parte, en responsables de la desaparición de no pocas compañías, algunas de gran tamaño. «Contratar con la Administración siempre ha sido un valor seguro, y básicamente lo sigue siendo, ya que las empresas saben que van a cobrar; el problema es que no saben cuándo», reflexiona Del Saz. Algo que le lleva a apuntar que la Administración Pública ha venido a cerrar un triángulo pernicioso y, en algunos casos, letal: «crisis del ladrillo, restricción de los créditos bancarios y grandes retrasos en los pagos por parte de la Administración». Que es, esta última, la que ha acabado por darle la puntilla a algunos empresarios.
«Relación causa-efecto»
Jaime Sánchez-Vizcaíno, letrado experto en Derecho Mercantil y habitual administrador judicial de compañías en concurso de acreedores, confirma que existe «una relación causa-efecto, directa y evidente», entre los impagos de la Administración pública y la situación de concurso a que se están viendo abocadas algunas grandes constructores de obra civil. Cita expresamente el caso de Intersa, que recientemente anunció que iba al concurso voluntario, y del Grupo Generala, que esta semana ha comunicado que se acoge al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que es la antesala de la 'solución final': dispone de cuatro meses para alcanzar un acuerdo con bancos y acreedores o entrará en concurso.
«Hablamos de empresas solventes y muy bien gestionadas que ya no pueden pagar a sus proveedores, ni pagar sus créditos bancarios, ni pagar a sus empleados, porque el dinero de la Administración no les llega. Hay que tener en cuenta que a algunas empresas se les deben hasta 120 millones de euros», expone Sánchez-Vizcaíno.
Si malo es que una de estas grandes compañías se vaya al traste, debido a los puestos de trabajo directos que se pierden, no menos malo es lo que dejan tras de sí. «Se produce un efecto dominó inmediato con otras muchas medianas empresas que estaban trabajando para la que se ha ido a concurso. Les servían los ladrillos, el cemento, la carpintería... y de pronto se ven con que les adeudan varios cientos de miles de euros, que saben que muy probablemente no van a poder cobrar en varios años. Y acaban cayendo como lo ha hecho la grande», ilustra el letrado, que asegura que un concurso de acreedores de una firma de gran volumen «se puede llevar por delante a otras veinte o treinta empresas medianas».
Y todo ello, en suma, a causa del 'pecado original' cometido desde la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos o el Ejecutivo central.
«Mejor sigo callado»
Los empresarios afectados por los impagos de la Administración están manteniendo, pese a todo, una actitud de suma prudencia. Se van al hoyo con los labios cerrados. «Lo que me pide el cuerpo es decir lo que pienso y lo que siento, pero mejor sigo callado. Si de verdad hablara...», explicaba con pesar a este periódico, muy recientemente, el dueño de una importante constructora de obra pública de la Región, que atraviesa por graves dificultades a causa del enorme volumen de dinero que le adeudan instituciones públicas.
Quizás piensan que no conviene enemistarse con quien probablemente, si es que consiguen reflotar o reinventar sus negocios, tendrán que volver a contratar en un futuro.
Tampoco la patronal Croem se ha mostrado demasiado combativa en ese aspecto hasta el momento, aunque tampoco trata de ocultar el peso que los impagos de la Administración están teniendo en la delicada situación que atraviesan muchas empresas. «Este año se ha registrado un notable incremento (de los concursos) respecto al mismo periodo de 2010. La falta de crédito y la altísima morosidad de las Administraciones influyen directamente en estas cifras y de su evolución dependerá el posible incremento futuro», sostiene un portavoz. Las perspectivas, en cualquier caso, no son optimistas.