La CNMV elige a Deloitte como administrador concursal de Pescanova
29/04/2013
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha propuesto a la firma Deloitte como administrador concursal de Pescanova, después de que el Juzgado declarara esta semana en concurso a la firma gallega y apartara al presidente Manuel Fernández de Sousa de la gestión de la compañía, según ha informado el organismo supervisor del mercado en un comunicado.

Fuente:  www.europapress.es

El organismo, que preside Elvira Rodríguez, en cumplimiento del auto del juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, ha comunicado la identidad de la entidad auditora que ha propuesto al juzgado y al deudor.

   La administración propuesta ha sido informada de su deber de comparecer ante el tribunal y de manifestar su aceptación o no del cargo, así como del cumplimiento del conjunto de requisitos, obligaciones y responsabilidades como administración concursal establecidos en la legislación concursal, una vez que haya sido nombrado por el juzgado.

   Este jueves, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra declaró a Pescanova en concurso de acreedores, al tiempo que apartó a Manuel Fernández de Sousa de la gestión de la multinacional pesquera por entender que "mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal".

PLAZO DE DOS MESES PARA ELABORAR EL INFORME

   El juzgado explicó que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o una persona nombrada por ésta, siendo la elegida la firma de servicios profesional Deloitte, que deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de cinco días para confirmar si acepta o no ese cometido.

   A partir de ahí, el administrador concursal tendrá un plazo de dos meses para elaborar su informe. Asimismo, según establece la Ley Concursal, deberá comunicarse con los acreedores para informarles de la declaración de concurso y de su deber de comunicar sus créditos (para lo que tienen un mes).

   La empresa concursada tiene el deber de comparecer ante el juzgado o ante la administración concursal siempre que sea requerida, y también el deber de "colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso".

   En el auto, el juez afirma que Pescanova ha incumplido su deber de formular las cuentas de 2012 en el plazo indicado y el de presentar los estados financieros del segundo semestre ante la CNMV, así como la "existencia de discrepancias relevantes" entre la documentación enviada inicialmente con la solicitud del concurso y la subsanación posterior, relativas a los cambios en la participación accionarial del socio mayoritario, al pasivo total reconocido (una diferencia de casi 88 millones) o los desencuentros en el seno del consejo de administración sobre una decisión de "tal trascendencia" como la solicitud de un concurso de acreedores.

SOLICITUD DE CONCURSO

   El auto del juez Roberto de la Cruz señala que la solicitud de concurso cumple las condiciones exigidas y se acompaña de documentación que, pese a no completar la previsión recogida en la Ley Concursal, "sí resulta suficiente a los efectos de acreditar la situación de insolvencia actual".

   El concurso se tramitará por procedimiento ordinario, ya que las cifras indicadas en cuanto al pasivo, activo y número de acreedores, "impiden absolutamente acudir al procedimiento abreviado".

   Por otra parte, en la solicitud del concurso, Pescanova ha puesto de manifiesto su intención de pedir al administrador "autorización para retrasar la obligación legal de formular cuentas anuales". En el auto también se recoge que la empresa "no ha instado la liquidación de su patrimonio ni ha presentado propuesta anticipada de convenio".

   La deuda de la firma gallega, según fuentes conocedoras de su situación económica consultadas por Europa Press, podría alcanzar los 3.000 millones de euros, es decir, unos 1.500 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).