Un estudio de PWC muestra cómo los delitos comprometen los más diversos sistemas de las corporaciones y su gente en todo el mundo
12/08/2014
Soborno y corrupción son las grandes amenazas de las empresas

Fuente;  www.elmundo.com.


El delito económico sigue siendo la principal preocupación de pymes y grandes corporaciones, ya sea bajo la figura de malversación de activos, cibercrimen, soborno y corrupción, o violación de propiedad intelectual.

En la “Encuesta global de delitos económicos 2014”, dada a conocer por la consultora PWC Espiñeira Pacheco y Asociados, se muestra la realidad de este fenómeno global al cual las empresas están expuestas.

Con 5.128 encuestados en el mundo, que incluye a 100 empresas venezolanas, se determinó que hubo un aumento relativo de 13% en casos de soborno y corrupción reportados desde la encuesta de 2011 a la actual, y que a más de la mitad de los empresarios les preocupa el soborno y la corrupción, es decir, más que años anteriores.

El soborno y corrupción, ubicadas en el tercer lugar de los delitos según los empresarios, adquieren mayor importancia debido a que impactan los diversos procesos empresariales, incluso más que la malversación y el cibercrimen, que están en los dos primeros sitiales.

Los actos delictivos erosionan la integridad de sus empleados y afectan su reputación. Los delitos económicos “sistémicos” -tales como soborno y corrupción, legitimación de capitales y prácticas anticompetitivas- son los más investigados por entes reguladores, y a su vez representan un mayor riesgo para las organizaciones que los fraudes “casuales”.

Roberto Sánchez, consultor y especialista en seguridad y tecnología de información de PWC, asevera que para erradicar la corrupción se debe aplicar una “política de tolerancia cero”, aunque añade que, en la práctica, no hay incentivos suficientes para que eso ocurra.

“Todo se resume en un factor cultural; el simple hecho de que se le pague a un fiscal para que no multe, es una señal de que la corrupción mínima actúa y es igual de dañina”, comentó.

En relación al tipo de fraude, los resultados de Venezuela contrastan con los reportes globales, colocando al cibercrimen como el segundo tipo de delito económico (40%). Este reemplaza al fraude en adquisiciones que baja a 13%, mientras el soborno y la corrupción ocupan el tercer lugar con 36%.

 

Los procedimientos básicos de las corporaciones, como distribución de bienes, captación de capital financiero, uso de propiedad intelectual, selección de socios comerciales, reporte de resultados financieros, cumplimiento regulatorio y gestión de la marca, dependen del intercambio de efectivo u otra contraprestación con terceros.

“Estos puntos de contacto generalmente crean vulnerabilidades, dónde el soborno y la corrupción pueden ser amenazas”, advierte Sánchez.

Según el experto, las empresas por lo general solo entienden el verdadero impacto financiero de un delito económico después que este ha ocurrido, y a veces puede pasar desapercibido.

Pérdidas y fórmulas

La encuesta subraya que es alto el costo de fraude, en términos financieros y no financieros.

Para Fernando Fernández, abogado miembro de la firma Baker & Mckenzie, la corrupción sigue la fórmula de Robert Klitgaard, que es C=M+D-T. Corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. A esta fórmula Fernández le agrega la I, de impunidad.

“Se hallará corrupción cuando alguien tiene un poder monopólico sobre un bien o un servicio, posee la discrecionalidad para decidir quién lo va a recibir o no y en qué medida, y falta la transparencia más la impunidad o la mirada al piso de las autoridades”, advirtió.

Una de las conclusiones del informe de PWC es que las altas cifras reportadas de soborno y corrupción pueden ser la tendencia más notoria de la movilización de la riqueza desde las economías de los países en vías de desarrollo hacia las economías emergentes y de rápido crecimiento.

Algunas cuentan con menos regulaciones y aplicación menos consistente de las normas; estas condiciones crean un perfil de riesgo en este tipo de delito económico.

Exposición del delito

Los encuestados globales de este año reseñan que 55% de los casos (47% en Venezuela) fueron puestos al descubierto por controles internos, preventivos o de detección, en comparación con los datos arrojados en 2011, que concluyeron en 50%.

En el procedimiento habitual de una empresa ante un crimen, las denuncias ante la policía al detectar a un perpetrador interno se elevan a 42% en América Latina, en comparación al estudio de 2011 que reflejaba 40%. Pero aún con este incremento, sigue siendo una tendencia baja.

Es más factible que las empresas desvinculen al empleado involucrado en un delito a través de un despido, que denunciarlo ante la policía, explicó Fernández.

Cuestión de cultura

En el informe global se señala que una de cada tres organizaciones, es decir 37% de la muestra, afirma haber sido víctima del delito económico. Mientras, 45% de los encuestados venezolanos reportó haber sufrido algún tipo de delito económico en el año de la encuesta; esto representa un incremento de 19% con respecto a la edición de 2011.

Para detectar irregularidades y prevenirlas, son primordiales los procesos básicos de revisión, control y cultura para anticipar o denunciar el crimen.

En el caso de Venezuela, se visualiza un nivel bajo, del 9%, que se divide en información interna, externa y el sistema de denuncias de irregularidades para la detección del fraude. “Ese escenario significa que existe una mayor incidencia de delitos económicos de lo que se registra, ya que no han sido detectados y que por tanto no fueron reportados”, explicó Roberto Sánchez.

Otro aspecto que puede concluirse es que para las organizaciones venezolanas el enfoque principal para la prevención ha sido la adopción de controles. “Hemos dejado a un lado la cultura como estrategia de prevención y detección”, observó Fernández.

Los expertos añadieron que, al preguntar en 2011 sobre cómo se detectó el fraude, muchos empresarios contestaron “no sé”. Actualmente ese panorama ha cambiado y los empresarios tienen mayor conciencia sobre cómo se pueden detectar los fraudes para ayudar a las empresas a adaptar sus procesos y lograr mayor efectividad.

El proceso más conflictivo

Venezuela no tiene datos estadísticos sobre en qué punto del sistema organizacional ocurre el delito. Solo 40% de los encuestados dice haberse enterado de estos por los procesos de control.

Cabe agregar que en el informe se trabajó con base al promedio de casos de América Latina. Y al considerar los resultados de la región en comparación con los resultados globales, se observa cómo la “selección del proveedor” es el principal proceso afectado por el fraude en las adquisiciones con 67%. El mayor porcentaje de ocurrencia del fraude en el proceso está en “adjudicación del vendedor o mantenimiento” con 54% y en el “proceso de pago” 51%). En cuarto lugar queda el “proceso de licitación/cotización”, con 39%.

En líneas generales, cuando una empresa participa en un proceso de licitación pública o privada, o desea adquirir bienes y servicios, aumenta la probabilidad de fraude en la contratación.

Los empresarios perciben el fraude en la contratación pública en una doble vertiente: victimiza a las empresas en la adquisición de bienes y servicios, y evita que las empresas compitan limpia y exitosamente por oportunidades de negocio sujetas a procesos de licitación comerciales o públicos.

Ante esta nueva categoría del crimen, Sánchez explicó que en años recientes, el Banco Mundial ha tenido una participación más activa contra el fraude en general, con 79 casos abiertos en 2012.

“En la medida que el Banco Mundial financia proyectos de infraestructura en países en desarrollo, también realiza un escrutinio a los procesos de contratación pública”, concluyó.