Informe sobre el Delito Económico a nivel mundial de PricewaterhouseCoopers
18/02/2008
Las pérdidas empresariales generadas por los delitos económicos crecieron un 40% en los dos últimos años

Madrid, 13 de febrero de 2008. El porcentaje de empresas a nivel mundial que reconoce haber sido víctima de algún delito económico durante los dos últimos años se mantiene en niveles similares a los registrados en 2005 ?un 43% frente al 45% anterior-pero las pérdidas directas generadas por estos delitos en las cuentas de resultados de las compañías crecieron un 40%, de 1,73 a 2,42 millones de dólares de media por compañía encuestada. Estas son las principales conclusiones que se obtienen del Informe sobre el Delito Económico 2007 elaborado por PricewaterhouseCoopers a partir de más de 5.400 entrevistas a altos directivos ?consejeros delegados, directores financieros y directores generales- en 40 países de todo el mundo. Las pérdidas globales sufridas por las compañías como consecuencia de los delitos económicos superaron los 4.200 millones de dólares.

Las compañías encuestadas identifican en el informe los delitos económicos que les provocan mayores pérdidas. Los más comunes son la apropiación indebida de activos (un 30%), las infracciones contra la propiedad intelectual (un 15%), los fraudes contables (un 12%), los sobornos (un 13%) y el blanqueo de dinero. Un 88% de los altos directivos preguntados consideran que estos delitos perjudican seriamente la imagen de la marca de la compañía y afectan la moral de los empleados. Un 84% cree que dañan las relaciones con otras compañías y que aumentan los costes que deparan las negociaciones con los organismos reguladores. Y un 69% opina que afectan negativamente la evolución del precio de la acción de la empresa.

El informe de PwC determina que el problema de los delitos económicos para las empresas es universal y afecta a compañías de todos los tamaños, de todos los continentes y de todos los sectores, aunque los mayores niveles de fraude siguen registrándose en África, Norteamérica y en el Este de Europa. Por tamaño, un 62% de los altos directivos pertenecientes a grandes compañías ?más de 5.000 empleados- reconoce haber sido víctima de algún tipo de fraude económico. Un porcentaje que disminuye hasta el 52% en las empresas con una plantilla de entre 1.000 y 5.000 trabajadores, y hasta el 32% en el caso de las sociedades con menos de 200 empleados.

En cuanto a los sectores de actividad, las compañías aseguradoras y las de distribución son las que admiten haber sufrido un mayor número de delitos económicos, un 57%, seguidas de las empresas públicas y la Administración, un 54%, las entidades financieras, un 46%, y los fabricantes de automoción, un 44%.

Los motivos más comunes para la comisión de los fraudes económicos son, según los directivos encuestados, la avaricia para obtener importantes sumas de dinero, el elevado ritmo de vida, superior al que permite el salario, y las decepciones por la insuficiente progresión laboral dentro de la empresa. A pesar de la confianza que las compañías encuestadas muestran hacia sus sistemas de control de riesgo, muchos de los fraudes -un 43%- siguen detectándose mediante una línea de denuncias anónimas. La auditoría interna es, en cambio, el método más eficaz para la detección de fraudes sólo para el 19% de las empresas encuestadas.

Según el informe, la mayoría de los delitos económicos comunicados son llevados a cabo por personal con amplio conocimiento de la organización, una conclusión similar a la obtenida en el informe de 2005. El perfil de los autores sigue respondiendo, en un 85% de los casos, a hombres con edades comprendidas entre los 31 y 50 años y una formación académica superior. Las medidas disciplinarias más adoptadas por las empresas fueron el despido, la advertencia y/o reprimenda, y las acciones jurídicas por la vía civil -ver gráfico adjunto-.

La gran mayoría ?un 81%- de las empresas que fueron víctimas de delito económico realizaron una investigación interna e informaron a sus Consejos de Administración.

A pesar del aumento de compañías que, año tras año, comunican haber sido víctima de delitos económicos, sólo el 11% de las empresas encuestadas a nivel global considera probable que su compañía sea víctima de un delito de este tipo en los próximos dos años.

El informe de PwC dedica un epígrafe a la evolución del delito económico en las empresas radicadas en los países emergentes, los denominados E-7 (Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía). Las pérdidas globales sufridas por las empresas encuestadas en los países E-7 como consecuencia de los delitos económicos alcanzaron los 1.900 millones de dólares, un 45% del total contabilizado por las empresas preguntadas en todo el mundo. La pérdida media de cada compañía llegó a los 5,1 millones de dólares, más del doble de la cantidad obtenida por las compañías que no operan en esos países.

En los países del E-7, al menos una de cada cuatro compañías encuestadas -y en algunos países la mitad de ellas- ha admitido haber recibido exigencias para el pago de sobornos y muchas de ellas creen haber perdido oportunidades de negocio frente a competidores que sí habrían aceptado ese peaje para obtener contratos ?ver gráfico adjunto-.

De hecho, la corrupción y los sobornos, y las infracciones contra la propiedad intelectual son las mayores preocupaciones de las empresas establecidas en los mercados emergentes. Aunque las compañías han implantado medidas de control, la mayoría de ellas continúa dudando de cuáles son las fórmulas adecuadas para afrontar esos riesgos.

Nota:

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) ofrece a las empresas y a la Administración servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal (Landwell) y consultoría de negocio y financiera, especializados en cada sector. Más de 146.000 personas en 150 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para dar confianza y aportar valor a sus clientes y stakeholders.

("PricewaterhouseCoopers" se refiere a la red de firmas miembros de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente).