PwC recomienda reforzar las competencias de la CNE
30/12/2011
Uno de los principales retos del nuevo ministro de Industria es garantizar la estabilidad en el sector eléctrico

Fuente:  www.latiza.es   Fecha:  30.12.2011

Lograr una política energética definida a largo plazo, predictiva y estable es uno de los objetivos más acuciantes para el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria. Según la consultora PwC, la unificación del régimen general en un texto legal refundido, el reforzamiento y la definición clara de las competencias de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el establecimiento de códigos de conducta contribuiría al buen funcionamiento del sector energético y aportaría mayor seguridad jurídica al sistema.

La firma recoge un estudio reciente de Citigroup que identifica 27 decisiones regulatorias tomadas en la Unión Europea en 2010 en materia energética, con un coste de 200.000 millones de euros. Once ellas eran españolas. Asimismo, el informe señala que España es el país europeo con mayor riesgo regulatorio en el sector eléctrico, debido a las sucesivas decisiones gubernamentales en materia de regulación, la incertidumbre de la política tarifaria y la dificultad para titulizar la deuda eléctrica acumulada.

PwC recuerda que el sector eléctrico es estratégico para la economía e intensivo en inversiones: en los últimos años acaparó 60.000 millones de euros. Por ello, insiste la consultora, requiere de una estabilidad regulatoria que de certeza a los inversores, con modelos transparentes para las distintas actividades, responsabilidades definidas para los organismos reguladores, un compromiso de la que la normativa será aplicada y una cierta predictibilidad de cómo reaccionará el regulador ante los cambios en el entorno.

Actualmente, explica la consultora, el sistema regulatorio español es “inseguro por ser impredecible y porque algunas de las normas que se publican en ocasiones no se cumplen”. Ejemplos de ellos, indica, son el incumplimiento los reales decreto ley que establecen los límites legales de déficit (Real Decreto Ley 6/2009 y Real Decreto Ley 14/2010) o la aprobación en diciembre de 2010 de medidas de retroactividad para la retribución del régimen especial.

Además, el informe recalca que el sistema adolece de falta de transparencia y de una participación escasa de los agentes del sector. En este sentido, PwC destaca que la CNE no es independiente de las políticas o intereses públicos, ya que no tiene potestad tarifaria ni poder sancionador sino que, por el contrario, sólo tiene un papel meramente consultivo. Así, para restaurar la confianza de los inversores, es necesario dotar de mayor independencia al regulador y de competencias para fijar tarifas, algo que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya planteó en su debate de investidura.

En España, las tarifas, así como otros muchos parámetros básicos para el sector eléctrico, explica PwC, son fijadas por el Ministerio de Industria, previo acuerdo de la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y sólo con un papel consultivo de la CNE. Para la firma, esta configuración, en la que el regulador no goza de independencia, ha favorecido la aplicación de una política regulatoria destinada principalmente a la contención del precio final de la electricidad, que ha generado un déficit acumulado de más de 22.000 millones de euros.