Las Administraciones Públicas no están comprometidas en garantizar el cumplimiento de la legislación sobre accesibilidad TIC
20/07/2012
Especialistas en el ámbito de la legislación sobre accesibilidad TIC consideran necesario que las Administraciones Públicas adquieran el compromiso de garantizar que las leyes existentes en este ámbito se cumplan. Así lo han hecho en el nuevo “Taller de Expertos” de la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), acogido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), patrono de CENTAC.

Fuente: www.cibersur.com 

 Durante el encuentro, el director de CENTAC, Juan Luis Quincoces, ha señalado que “la tecnología es una herramienta para suprimir discapacidades”, pero es necesario “vigilar” que ésta no genere barreras. En este sentido, ha destacado que la legislación es fundamental y aunque existe mucha normativa al respecto en España, son imprescindibles sistemas de control y una reglamentación sobre sanciones.

Además, ha considerado importante que, al margen de la legislación, en cuya elaboración y desarrollo deben participar las personas con discapacidad, se potencie la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en este ámbito, y las empresas líderes “participen de este impulso”.

Quincoces ha explicado que una de las propuestas que CENTAC quiere trasladar a los grupos políticos, en esta línea, es que se evalúe, en la decisión final de compra por parte de las Administraciones Públicas, la mejora en accesibilidad que conlleve el producto o servicio en cuestión.

En su opinión, la incorporación de la accesibilidad desde el origen del diseño supone un

“coste cero”, sin embargo, ha dicho, “falta información de base” y es necesario que este hecho esté “suficientemente argumentado” para que los organismos públicos implementen tecnologías accesibles. Así, ha recordado que CENTAC está preparando un informe al respecto.

“Las herramientas accesibles no tenemos que verlas como un coste, sino como una obligación” porque las personas con discapacidad “tienen que poder ejercer sus derechos”, ha asegurado.

También se ha referido a las redes sociales y ha considerado su accesibilidad una necesidad, dado que “quien no está en ellas, se aísla de la sociedad y éste es un problema grave”. Así, ha recordado que la Ley 26/2011 obliga a esta accesibilidad, pero se ha cuestionado “cómo se garantiza” que esto se cumple.

Por su parte, Cristina Rodríguez Porrero, directora del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), ha asegurado que cuando España ratificó la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ya tenía mucho trabajo hecho, como por ejemplo la aprobación de la Ley de de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) “pionera para su tiempo” y “la primera ley española que establecía el “Diseño para Todos””.

En este sentido, aunque ha reconocido el esfuerzo que supuso elaborar la LIONDAU, ha lamentado que después “no haya habido más seguimiento y control”. Por ello, ha apostado por crear mejores herramientas para “querer y conocer” a las leyes que tenemos porque “no es suficiente con que se publiquen en el BOE”.

En su opinión, aunque la legislación es fundamental, “muchos desarrolladores empiezan a ver un mercado importante en las personas con discapacidad y los mayores”. Así, ha considerado necesario “hacer ver a las empresas que la accesibilidad es una ventaja competitiva, de innovación y de cumplimiento con la ley”.

Según ha dicho, existen normas técnicas para hacer una web accesible, “el conocimiento está” y en cuanto al coste, ha destacado que la accesibilidad TIC “es un tema de diseño y esto es menos costoso que adaptaciones en el ámbito físico”.

Asimismo, ha pedido a Europa y a la Administración española que sea exigente con las compras públicas ya que “adquirir productos no accesibles es financiar la discriminación”. Finalmente, ha sugerido que tanto empresas como administraciones deben trabajar juntos en definir criterios de accesibilidad.

En esta misma línea, el portavoz del PP en la Comisión Permanente de Políticas Integrales de la Discapacidad, Francisco Vañó, ha subrayado que “la no accesibilidad es una forma muy sutil de discriminar” y que la accesibilidad universal es igual al “Diseño para Todos”. Así, ha destacado dos conceptos para él muy importantes: “mentalizar socialmente y contar con las personas con discapacidad”.

“Si conciencias a la gente es más sencillo que cumplan las leyes”, ha dicho, ya que, “el “Diseño para Todos” es más cómodo y genera satisfacción para todos”. Esto es, en su opinión, “más eficaz que la propia legislación”.

“Ha llegado el momento de ponernos en la línea de salida en igualdad de condiciones”, ha asegurado y, para ello, es necesario que actúe el Estado, ya que el mercado, a veces, “no tiene capacidad de visión de futuro” y ha recordado que hasta los años 80 las empresas no se atrevían a contratar a personas con discapacidad.

Asimismo, ha considerado importante “poner en valor” la RSC como “estímulo” para las empresas e implementar mecanismos de actuación más eficaces, sobre todo, en lo que respecta al ámbito de la contratación de personas con discapacidad.

Finalmente, Ana Sastre, delegada de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha apostado por partir de la premisa, a la hora de legislar, de que la accesibilidad forma parte del derecho de no discriminación. “Si los servicios no son accesibles, estamos discriminando al colectivo de personas con discapacidad”.

“Cuando las personas con discapacidad participan en hacer normativas, no se crean barreras”, ha destacado, y ha optado por seguir el lema de “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo que enlaza con la importancia de las TIC en términos de participación en la vida social y política de este colectivo. “Cuanto más accesible sea el entorno, más participación habrá y esto conduce a menos barreras”, ha puntualizado.

En este punto, ha puesto como ejemplo la accesibilidad de las webs públicas, sobre la que existe una obligación legal desde 2009, y ha criticado la falta de compromiso en este sentido, lo que, en su opinión, “no tiene justificación”.

Dada la velocidad con la que se desarrollan las nuevas tecnologías, es imprescindible, desde su punto de vista, que la legislación a este respecto sea “mucho más ágil” y responda a los retos presentes y futuros “porque sino la ley siempre irá por detrás”.

Sastre ha subrayado que se necesita el compromiso de las administraciones públicas para que las leyes que tenemos se cumplan y apostar por la sensibilización.