La e-Justicia, mucho más que una revolución tecnológica
08/04/2010
Los expertos consideran que las nuevas tecnologías son condición imprescindible, pero no suficiente, para la enorme labor que supone agilizar la justicia en España

Fuente:  www.cincodias.com   Fecha:  08.04.2010

Una administración judicial en la que todos los legajos se vean desplazados por archivos digitales, en la que cualquier ciudadano o empresa pueda presentar una demanda por vía telemática y en la que la coordinación de medios electrónicos sea plena en todo el territorio constituye un objetivo imprescindible para modernizar la justicia española, pero no suficiente. A esa revolución tecnológica, que ya está en marcha y ha supuesto hasta el momento la tramitación de 54 millones de asuntos en la administración judicial española, hay que sumar un cambio cultural, procedimental e incluso legislativo, capaz de llevar el sistema a nuevos parámetros de eficiencia.

Ésta fue la tesis central que manejaron ayer los expertos invitados al primero de los Desayunos de Redacción Digitales organizado por CincoDías y T-Systems, transmitido en directo a través de CincoDías.com, y que versó sobre Los retos de la implantación y el desarrollo de la e-Justicia. "Creo que es necesario que rompamos varios tópicos en torno a esta cuestión. Hay que decir que no es cierto que la justicia en España esté al margen de la tecnología; se están llevando a cabo muchas y muy buenas experiencias en este ámbito y Cataluña es un ejemplo de ello. Pero también debemos reconocer que la tecnología por si sola no puede y no va a resolver todos los problemas que aquejan a la justicia española", explicó Montserrat Turá, consejera de Justicia de la Generalitat catalana.

Turá, que hizo una amplia exposición de los importantes avances que ha llevado a cabo Cataluña en esta materia, confesó que ese esfuerzo tecnológico no se ha traducido en un avance sustancial en eficiencia. "Cada año entran 1.300.000 asuntos en la justicia catalana y salen 1.275.000. Todavía tenemos 25.000 asuntos que se nos acumulan", explicó la consejera, tras señalar que Cataluña -con 68 euros por persona y año- es la comunidad autónoma española que más invierte en esta materia y que resuelve ya el 75% de las gestiones vía telemática.

La misma reflexión expuso Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, quien se mostró convencido de que la progresiva implantación de nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales debe ir acompañada de otras medidas complementarias, como la promulgación de una ley de modernización que obligue al personal y los profesionales de la justicia a utilizar medios telemáticos. "Hasta que en la legislación española no cambiemos el podrán utilizar medios telemáticos por el deberán utilizar no habrá cambio. Si dejamos que el uso de las tecnologías siga siendo opcional no avanzaremos", explicó.

Un extremo que respaldó Antoni Aliana, director general Corporativo y CFO de T-Systems Iberia, que hizo referencia a la necesidad de un "elemento exógeno" capaz de impulsar de un modo rupturista el proceso de modernización judicial. "Ése elemento puede ser un cambio legal que obligue a todos los agentes a utilizar medios electrónicos", resumió.

Tras señalar que el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, impulsado desde el Gobierno, contempla para este año una inversión de 214 millones de euros y prevé alcanzar los 600 en los próximos tres años, José de la Mata, director general de Modernización del Ministerio de Justicia, cifró en cuatro los retos a abordar en esta materia. De la Mata insistió en la necesidad de apostar por la interoperabilidad entre los sistemas tecnológicos; realizar un esfuerzo claro en la colegiación de esfuerzos por parte de las distintas administraciones e instituciones judiciales; abordar un proceso de gestión del cambio en materia de recursos humanos y plasmar todos esos esfuerzos en un texto legal.

12 millones de comunicaciones

El representante del Ministerio de Justicia, quien aseguró que a finales de año el grueso de comunicaciones realizadas por vía telemática gracias al programa LexNet en los juzgados y tribunales españoles alcanzará los 10 o 12 millones, insistió también en la necesidad de acometer un cambio global. "Es necesario un cambio de paradigma en lo organizativo. En ese sentido estamos en un momento muy importante con las novedades que supondrá el despliegue de la oficina judicial y el resto de cambios normativos que llegarán en los próximos meses", añadió. Como ejemplo de los esfuerzos que ya han fructificado sobre el terreno, Gonzalo Díe, director de Planificación y Relaciones Externas de Red.es, reveló que se han invertido 80 millones de euros en los últimos tres años en la digitalización de los registros civiles municipales y 48 millones en hacer lo mismo con los juzgados de paz.

Díe respaldó la idea de que las nuevas tecnologías son condición imprescindible, pero no suficiente, para la enorme labor que supone agilizar la justicia española. "La tecnología hoy en día es una commodity. Es algo absolutamente necesario, pero no basta. La tecnología por si sola no puede sostener un cambio como el que necesitamos", resumió.

Un cambio que para José María Anguiano, socio del departamento de Tecnologías de la Información de Garrigues, debe pasar también por la especialización de los órganos judiciales encargados de enjuiciar casos vinculados con las nuevas tecnologías. "La cuestión es si los jueces españoles están capacitados para resolver temas relacionados con tecnología", señaló.

El socio de Garrigues, que aportó el punto de vista de los abogados al debate, se preguntó cuántos juzgados españoles están preparados para afrontar un tipo de litigiosidad que está creciendo a un ritmo exponencial. "¿Puedo aportar un documento digital como prueba en todos los juzgados españoles? Todos sabemos que sus señorías están obligados a abordar cuestiones complejas y muy distintas entre sí todos los días, ¿pero están preparados para enjuiciar este tipo de asuntos? A lo mejor es el momento de plantearnos la creación de órganos jurisdiccionales especializados", reflexionó.

Interoperabilidad

Todos los expertos que participaron en el debate coincidieron al calificar de "momento histórico" la coyuntura actual para abordar la modernización de la Justicia. "Estamos en un momento único en el que hay que destacar la colaboración que se está llevando a cabo entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas", señaló Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.

De Rosa resaltó la importancia de modernizar también los procedimientos judiciales e impulsar medios alternativos de resolución de conflictos, así como de lograr la interoperabilidad de los sistemas informáticos en los distintos órdenes y ámbitos de la administración judicial, un extremo que subrayó también la consejera de Justicia de la Generalitat catalana, Montserrat Turá. "Debemos interoperar con el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el resto de comunidades. Se deben poner los medios para que nuestros datos puedan ser leídos en otras comunidades", apuntó.

Turá también hizo referencia a que el proceso de digitalización de la justicia exige un esfuerzo importante por parte del personal y los profesionales que trabajan en este ámbito. "¿Sustituirán las nuevas tecnologías al personal? No, ésa nunca ha sido la idea. Lo que sí harán es aumentar la exigencia de cualificación en ese personal", añadió. Y puso como ejemplo la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde los expedientes "se pueden localizar a través de la PDA".

Antoni Aliana, director General Corporativo y CFO de T-Systems Iberia, quien recordó como anécdota que hasta 1992 "no se retiraron las máquinas de escribir en los juzgados de alguna comunidad autónoma y hubo que hacerlo para que comenzasen a usarse los ordenadores", puso como ejemplo de interoperabilidad la relación entre la administración judicial catalana y los Mossos d'Esquadra, fundada en el uso de la firma electrónica. "No se ha implantado de forma impositiva, sino de un modo natural y sutil".

Desde el Ministerio de Justicia, José de la Mata recordó que el plan operativo anual que prevé el proyecto de modernización de la justicia incluye para 2010 80 medidas con sus correspondientes plazos y objetivos. De la Mata señaló, además, que en los próximos tres años se crearán 2.000 plazas de personal de administración de justicia y que se han puesto las bases de una reforma de la demarcación y planta judicial "para los próximos 25 años".

El ejemplo del esfuerzo hecho en Sanidad para lograr la interoperabilidad de las historias clínicas sirvió a Gonzalo Díe, de Red.es, para ilustrar los frutos que puede producir la unidad de esfuerzos entre las distintas comunidades autónomas. Como complemento a la defensa de una mayor agilización en los tribunales, José María Anguiano insistió también en que la justicia "no sólo debe ser rápida, sino también de calidad".

Las cifras

54 millones de asuntos se han resuelto en España hasta el momento por medios digitales.

600 millones para los próximos tres años es la inversión prevista en el Plan de Modernización del Ministerio de Justicia.

75% de los asuntos judiciales en la administración de justicia catalana se resuelven a través de nuevas tecnologías.

 

Hacia las demandas de divorcio por la red

¿La e-Justicia permitirá presentar una demanda de divorcio por medios telemáticos? La pregunta que realizó uno de los internautas que siguió ayer en directo el debate a través de CincoDías.com dio lugar a que el director general de Modernización del Ministerio de Justicia, José de la Mata, adelantase que a finales de 2010 el 100% de los juzgados que cuentan con el sistema LexNet podrán tramitar demandas judiciales por esta vía. "En este momento ya hay órganos jurisdiccionales en España que están tramitando demandas de esta forma, pero lo hacen en fase piloto. A finales de año se extenderá a todos los juzgados con acceso a LexNet", explicó. De la Mata, haciendo gala de su sentido del humor, matizó que ello "no significa que se puedan presentar demandas desde la playa o por SMS, sino que se realizará de forma telemática, pero a través del procurador".

Preguntados por los países que pueden considerarse una referencia en cuanto a la implantación de las nuevas tecnologías en la administración judicial, los expertos citaron Quebec, en Canadá, y Brasil. "¿Va a suponer un cambio real la implantación de las TIC en la justicia?", preguntó otro asistente a través de la red. También en tono distendido respondió Montserrat Turá: "La respuesta tiene que ser sí, porque si no deberían cesarnos a todos".