Intervención Ministro Jordi Sevilla en Senado. ¿Qué entendemos por modernización administrativa?
05/03/2006
2-MARZO-2006

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo el cordial  recibimiento que esta Comisión de Administraciones Públicas  siempre me ha dispensado.

Esta comparecencia responde a una petición doble: por un  lado, a una petición propia para exponer las líneas maestras de  actuación del Ministerio de Administraciones Públicas en  materia de Administración Electrónica y, por otro, a una petición  del Grupo Popular para que explicase el contenido del plan  Moderniza recientemente aprobado por el Consejo de  Ministros.

Ciertamente, el solapamiento parcial del contenido de ambas  comparecencias justifica plenamente su fusión, dado que el  Plan Moderniza, aprobado en Consejo de Ministros del pasado  9 de diciembre, incluye, como uno de sus pilares, las  actuaciones en materia de Administración Electrónica que está  desarrollando y que desarrollará este gobierno en lo que resta  de legislatura.

Intentaré que mi intervención responda las cuestiones e  inquietudes que Sus Señorías puedan tener sobre estos temas.


En cualquier caso, después de mi intervención estaré  encantado de responder a cuantas cuestiones tengan a bien  plantear.

Señorías, en mi anterior comparecencia les transmití mi  convencimiento de que las Administraciones Públicas son  instrumentos esenciales para el desarrollo democrático y social  de los pueblos, así como la mejor garantía para la igualdad de  oportunidades y la justicia social.

De la misma forma, su buen funcionamiento es esencial para el  desarrollo económico de los países y de sus ciudadanos y empresas.

Aunque el rendimiento económico no depende sólo de lo que  haga la Administración, está claro que la forma en que la  Administración Pública hace sus tareas influye, y mucho, en el  rendimiento económico de las empresas, empezando por el  tiempo que tanto éstas como los ciudadanos, en general, deben  dedicar a sus relaciones con la Administración.

Por esta razón, el Gobierno considera que España como país  debe prestar mayor atención y destinar recursos crecientes a  todos los temas relacionados con la modernización  administrativa, y especialmente al impulso de la administración electrónica, que constituye uno de los pilares de nuestro programa de modernización, tal y como les vengo diciendo.

A este tema dedicaré la primera parte de mi intervención;  después, expondré las líneas generales del Plan Moderniza, así  como el resto de sus puntos más significativos.

La administración electrónica

Señorías, el Gobierno considera que estamos en un momento
decisivo para el desarrollo de la administración electrónica en
España.

Entendemos que es un instrumento para mejorar el
funcionamiento interno de nuestras administraciones, y que
debe servir para incrementar su eficacia y su eficiencia.

Pensamos que se necesita no sólo más administración
electrónica, sino también un modelo de administración
electrónica diferente al que hemos venido aplicando hasta el
momento actual.

En este proceso, la tecnología ha de ser concebida como un
medio habilitador, y no como un fin en si misma.


Más allá del avance tecnológico, la administración electrónica
permite nuevas formas de interacción con ciudadanos y
empresas, facilita la participación democrática y mejora la
imagen pública de las administraciones.

Contribuye, en definitiva, a conseguir más y mejores servicios,
y permite trasformar el gobierno en “un mejor gobierno”.

Ponerla en marcha de manera generalizada requiere el máximo
nivel de compromiso político y administrativo, invertir en
cambios organizativos y no sólo en tecnología, y crear una
cultura de cooperación y de compartir recursos y soluciones.

No estamos, por tanto, ante una empresa de poca magnitud ni
que presente una dificultad pequeña, aunque existen dos
razones básicas para considerar, tal y como les vengo diciendo,
que nos encontramos en el momento crucial para su desarrollo,
razones que procuraré explicar seguidamente.

En primer lugar, tenemos la situación a la que ha llegado la
implantación y el desarrollo de la administración electrónica en
España.

Para conocer el grado de desarrollo de la administración  electrónica en España, y compararlo con el de otros países, podemos recurrir a informes como los estudios de la Comisión Europea, por ejemplo el informe Cap Gemini, los datos de Eurostat sobre el uso de los servicios o los de Naciones Unidas.

Y, aunque cada uno de estos estudios mide aspectos
diferentes, sus conclusiones generales son las mismas: la
administración pública española, en el campo de la
administración electrónica, se encuentra ahora mismo en una
posición intermedia entre los países europeos, y aunque los
servicios ofertados y el uso que de ellos hacen ciudadanos y
empresas aumenta en cantidad y calidad año tras año, nuestra
posición relativa empeora con respecto a otros países
europeos, lo que indica claramente que otros países avanzan
con mayor rapidez que nosotros.


El diagnóstico nos indica dónde está el problema: en España,
los servicios proporcionados en exclusiva por una
administración y un departamento presentan un nivel de
implantación mayor que aquellos que requieren la cooperación
entre varias administraciones o departamentos, y el grado de
desarrollo de los servicios orientados a empresas es
significativamente mayor que el de los servicios orientados a
ciudadanos.

El desarrollo de departamentos y administraciones, por lo tanto,
es muy heterogéneo, dando lugar a un modelo de “islas de
servicio”, con características muy diferentes tanto en el uso que
realizan ciudadanos y empresas de los servicios ofertados
como en la calidad y características de la oferta.

Los ejemplos más claros de esta situación los tenemos en la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que ocupan puestos
realmente destacados, dentro del contexto europeo, en cuanto
a modernización y a su adaptación a la incorporación de las
nuevas tecnologías a la prestación de los servicios públicos, lo
que produce la consiguiente elevación de la media, frente a
otros sectores muy poco desarrollados.


Y lo que el diagnóstico de la situación actual nos indica es que
el desarrollo a través de este modelo de “islas”, es decir, de un
modelo de administración electrónica basado en dos grandes
sectores que tiran mucho, mientras que el resto se ha quedado
mucho más atrás, ha tocado techo, está tocando a su fin y es
un modelo que tenemos que cambiar rápidamente si queremos
que incluso los propios servicios que se prestan
telemáticamente por parte de la Agencia Tributaria y de la
Seguridad Social puedan seguir avanzando.

De hecho, las actuaciones desarrolladas hasta ahora en mi
Departamento, y que en parte respondían a proyectos iniciados
durante la etapa de Gobierno anterior, como algunos de los que
se recogían en el Plan Conecta, no han supuesto la
introducción de un nuevo modelo, sino más bien la continuación
del que nos encontramos al llegar al Gobierno, y que no deseo
criticar en absoluto, pues es preciso reconocer que nos han
servido para avanzar bastante durante esa etapa que ahora
llega a su fin.


También es necesario reconocer que esta situación de
desarrollo heterogéneo no afecta sólo a los distintos
departamentos o servicios de la Administración del Estado, sino
también al conjunto de administraciones públicas, por lo que
hay algunas que han logrado niveles de desarrollo superiores al
de la propia administración central, sin que ésta haya
conseguido el papel de liderazgo que le corresponde y al que,
sin duda, aspiramos.

El otro elemento que nos obliga a cambiar la manera con la que
hemos abordado hasta ahora, desde las administraciones
públicas, esta cuestión, y que nos obliga a dar ese necesario
impulso a los proyectos de administración electrónica es la
introducción del DNI electrónico.

Creo que todavía no somos plenamente conscientes de las
posibilidades y potencialidades que tiene el DNI electrónico, ni
sobre todo de las exigencias que se van a plantear a la
administración pública cuando los ciudadanos tengan en las
manos un DNI electrónico y nos pregunten: “¿y esto, para qué
sirve?“

“¿Qué gano yo, como ciudadano, con que el DNI sea  electrónico en lugar de que no sea electrónico?”


“¿Qué ventajas, como ciudadano, me da a mí el que el DNI sea  electrónico?”

Esto va a obligar a la administración a decirles a los ciudadanos
qué ventajas van a obtener, lo cual significa: qué tipo de cosas
van a poder hacer telemáticamente; por ejemplo, que van a
poder evitar la presencia física en muchos trámites con las
administraciones públicas, y que vamos a dar un paso
importante hacia la idea de una administración sin colas, la idea
de una administración abierta 24 horas, porque si los bancos
abren 24 horas, ¿por qué no va a haber una administración 24
horas, si es posible hacerlo todo telemáticamente?

Por lo tanto, son estos dos elementos, uno del lado de la oferta
y el otro del lado de la demanda, por decirlo en términos
económicos, las limitaciones del modelo de crecimiento de la
administración electrónica basado en “islotes” que tiran del
resto, como ya se ha notado, más las nuevas demandas que
nos van a venir de los ciudadanos a partir del DNI electrónico y
de todos las posibilidades que éste nos ofrece, los que obligan
a que demos una respuesta en términos de avance sustancial y
definitivo de la administración electrónica en España.


Y, a la hora de abordar este nuevo impulso, hemos tomado
algunas decisiones que, como toda decisión, pueden ser objeto
de debate en sus características concretas, pero cuya
necesidad se halla, como he dicho, plenamente justificada.

En primer lugar, hemos tomado la decisión de poner en marcha
el proceso de elaboración de una Ley de la administración
electrónica.

Creo que el hecho de que se trate de una Ley es importante,
porque le confiere un carácter de mayor compromiso el que sea
una Ley y no un simple Decreto.

Esta Ley va a reconocer el derecho de los ciudadanos a poder
relacionarse con las administraciones telemáticamente, lo que
significa que la posibilidad de esa relación telemática ya no
será discrecional, con una administración sí y con otra no, o
con unos procedimientos sí y con otros no, sino que pasará a
ser un derecho de los ciudadanos, por lo que se incrementará
el nivel de autoexigencia y el nivel de rapidez de la respuesta
que desde las administraciones tendremos que dar.


Vamos también a dar respuesta a las cuestiones jurídicas que
se han planteado en torno a qué datos se transmitirán y a su
utilización, como por ejemplo el debate suscitado en torno a la
información presente en el chip del DNI electrónico, aunque les
puedo asegurar que en todo caso se respetará la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal, y que
su utilización tendrá los mayores estándares de seguridad del
mundo, tal y como, por otra parte, se nos ha reconocido en el
contexto de la Unión Europea.

Por tanto, el primer compromiso de esta nueva etapa, la
primera decisión: hacer una Ley que obligue a dar respuesta
por parte de la administración electrónica y que reconozca ese
derecho de los ciudadanos, pasando de ser algo discrecional,
que en este momento se decide dar o no dar, para ser algo que
puede ser exigido a las Administraciones Públicas.

Hasta ahora, lo que hay en cuanto a legislación, en cuanto a
normativa sobre introducción o prestación de servicios
telemáticos en la administración pública son “podrá”: “podrá
haber un registro telemático”, “podrá haber notificaciones
telemáticas”, “podrá haber un pago telemático”


Ese “podrá” significa que el servicio es potestativo, que “podrá”
haberlo o no haberlo, lo cual en la práctica quiere decir que en
unos sectores lo hay y en otros no lo hay.

Consideramos que es ahí donde se tiene que producir el
cambio más relevante, para pasar del “podrá” al “deberá”:
“deberá de haberlo”, “la administración deberá tener un registro
telemático”, “deberá tener un sistema de notificación
telemática”, “deberá tener un sistema de pago telemático”, y
eso toda la administración, sin excepciones.

Este paso de lo potestativo al derecho es lo que va a consagrar
la Ley de administración electrónica, y si se tiene que adaptar la
administración para hacerlo realidad, pues vamos a adaptarla
en el plazo más corto posible, un plazo razonable que esté bien
fijado para que sea factible ese salto del “podrá”, que es el
modelo con el que nos hemos encontrado, al “deberá”, que es
el modelo que queremos y que vamos a poner en marcha.


En segundo lugar, y ante la cantidad de proyectos que, como
les digo, me encontré al llegar al ministerio, después de tantos
años, de tantos documentos, de tantos papeles, de tantos
informes, comisiones, estudios y análisis sobre la
administración electrónica, hemos llegado a la conclusión de
que o focalizamos nuestros esfuerzos inmediatos en algunas
cuestiones concretas o el impulso se acaba perdiendo, se
acaba perdiendo en su utilidad para los ciudadanos y también
se acaba perdiendo como compromisos internos por parte de la
administración.

Por tanto, decidimos ver qué 7 compromisos concretos  asumimos, en el campo de la administración electrónica, para  ponerlos en marcha este mismo año.

No se trata de un discurso genérico, con grandes y complejos
planes de actuación, sino de ver si, efectivamente, ponemos en
marcha estos servicios concretos este mismo año y, a partir de
ahí, con la credibilidad que obtendremos si lo hacemos, y
seguro que lo vamos a hacer, entonces, con la credibilidad de
haberlo hecho, plantear otros 7 objetivos para el año siguiente y
lograr así que se vayan consolidando los avances en nuestra
administración electrónica.


Y estos proyectos, en los que hemos centrado nuestros
objetivos para este año, consisten básicamente, en primer
lugar, en la supresión de los papeles que se piden a los
ciudadanos, de donde se deriva una cantidad considerable de
procedimientos.

Por ejemplo, uno de los papeles que vamos a suprimir, en un
proceso gradual, es la petición del volante de  empadronamiento, de los que se piden 10 millones al año,  petición que se puede sustituir por una aplicación informática y  un convenio con el INE, lo que en la mayoría de los casos,  porque siempre puede haber alguna excepción, permitirá que el  funcionario se conecte con el INE y compruebe que,  efectivamente, quien dice que vive donde vive pues vive donde vive.

Lo mismo ocurrirá con las fotocopias del DNI, que en muchas
ocasiones ni siquiera se solicitan pero que los ciudadanos
aportan casi ritualmente, por si acaso se la piden.


Por poner un ejemplo muy significativo: el Ministerio de
Administraciones Públicas realiza las pruebas de admisión de
funcionarios, a partir de la Oferta pública de empleo, sobre todo
de las plazas de auxiliares, de administrativos y de técnicos, lo
que significa en torno a 6.000 plazas al año, a las que se
presentan unas 20.000 personas.

Resulta que a todas estas personas se les pedía la fotocopia
del DNI, y cuando pregunté el motivo, me dijeron que para
evitar confusiones con los apellidos, aunque eso podía pasar
en 1 caso de cada 1.000, y para evitarlo se le pedía fotocopia a
los 20.000 que se presentaban.

En general, lo que vamos a hacer respecto a las fotocopias del
DNI en la administración es lo siguiente: por una parte, para lo
que no sea estrictamente necesario pedirlas se le va a indicar
al servicio correspondiente que deje de hacerlo o que recuerde
a los usuarios que no se necesitan; para lo que sí resulten
necesarias, vamos a sustituirlas también por una aplicación y
un convenio con la Dirección General de la Policía, lo que
permitirá al funcionario correspondiente comprobar los datos
básicos de identificación del usuario, con todas las garantías de
confidencialidad y restringiendo el acceso según el tipo de
servicio de que se trate.


Esto nos va a ayudar a evitarles bastantes trámites a los
ciudadanos, además de un ahorro considerable de recursos en
general, pues estamos hablando de millones de fotocopias al
año.


Lo mismo ocurrirá con las certificaciones de la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social y el Catastro, que pretendemos
que se hagan obligatoriamente por vía electrónica para toda la
Administración General del Estado.

Después, tenemos todo lo relacionado con la comunicación
telemática segura, como son la notificación telemática, el
registro telemático único, la notificación de cambio de domicilio
y el pago telemático, operaciones que hoy son técnicamente
posibles y con la mayor seguridad, como lo demuestra el que el
80% de los ciudadanos podamos hacer la declaración de la
renta por Internet.

Y, si algo que se supone que es complejo y que requiere unos
niveles de seguridad elevados, como es la renta, lo podemos
hacer por Internet, tenemos que poder hacer otras muchas
cosas por Internet en nuestra relación con las administraciones.


En este sentido, creo que se debe agradecer a la Agencia
Tributaria, que se ha significado por su liderazgo tecnológico, el
que lo esté poniendo a disposición del conjunto de la
administración, para que, por ejemplo, se puedan cobrar
telemáticamente algunas tasas, aunque nuestra intención es,
como en todo, pasar del “poder” al “deber” en este campo, y así
que todas las tasas se puedan pagar telemáticamente.

La Agencia Tributaria ha puesto su acreditada pasarela de
pago, que es el nombre técnico del sistema de cobro
electrónico, a disposición del resto de la administración, para
que se pueda pagar cualquier tasa a través de Internet, lo que
es preciso reconocer y, repito, agradecer debidamente.

Todos estos casos concretos son compromisos a cumplir
dentro de este año, y que estamos sustanciando a partir de
decretos, porque estimamos que ese salto del “podrán” al
“deberán” requiere en todos los casos una regulación y una
normativa.

También significa que para 2007 tendremos que ser capaces
de plantear otros 7, que nos sirvan para avanzar en el impulso
que estamos dando a nuestra administración electrónica.


La tercera decisión que hemos tomado está relacionada con
una de las principales ventajas que nos ofrecen las tecnologías
de la información, como es la posibilidad de conexión y de
intercambio de información entre los distintos centros
administrativos.

Por ello, consideramos conveniente darle un impulso decisivo a
los mecanismos de conexión interdepartamental y de
cooperación interadministrativa, porque el ciudadano al que
todos ofrecemos nuestros servicios es el mismo, y todos
nuestros sistemas deben estar organizados para atenderle de
la mejor manera posible.

El desarrollo de la administración electrónica en España, por
ello, debe tener un enfoque conjunto para que sea realmente
eficaz.

Respecto a la Administración General del Estado, es necesario
avanzar en lo que hemos denominado “crear administración”,
porque es cierto que, como se ha dicho en alguna ocasión,
tenemos “mucho ministerio pero poca administración”.


Y la colaboración de todos los ministerios en este impulso a la
administración electrónica, que lidera el Ministerio de
Administraciones Públicas en coordinación con el de Industria,
que es el departamento responsable de la Sociedad de la
Información, va a ser una vía muy efectiva para ese objetivo de
“crear administración”.

En cuanto a las relaciones interadministrativas, la extensión de
la administración electrónica es también un contexto formidable
para poner en práctica el impulso a la cooperación territorial
que propugna este Gobierno.

Debemos, por tanto, desarrollar estrategias y planes de
actuación compartidos que faciliten la prestación de servicios
interadministrativos complejos, así como rediseñar los servicios
para eliminar los trámites y peticiones de información
innecesarias o desarrollar interfaces de usuario comunes entre
los servicios prestados por diferentes administraciones.

Aunque existen ya experiencias particulares de cooperación
interadministrativa, todavía hay un campo amplio para
incrementar sustancialmente la cultura de la participación, del
compartir los recursos y de la cooperación.


Para impulsar esta cultura cooperativa, desde el Ministerio de
Administraciones Públicas hemos puesto en marcha algunas
iniciativas que considero importantes.

En primer lugar, la denominada como “Red 060”.

¿En qué consiste esta Red?

Estará formada, en primer lugar, por un conjunto de oficinas,
donde los ciudadanos podrán realizar trámites que afecten a
varias administraciones, esto es, a todas aquellas que se
adhieran a la red.

Por otra parte, contará con un sitio web en Internet desde el
que también se podrán realizar dichos trámites.

Y, por último, existirá un número de teléfono desde el que se
podrá acceder a todos los servicios de la Administración
General del Estado y de las otras administraciones que decidan
adherirse.

Todo esto supondrá un cambio cualitativo muy importante
respecto a la prestación de servicios administrativos a los
ciudadanos.


Por un lado, porque la próxima extensión del DNI electrónico
permitirá avanzar en la complejidad de los servicios ofrecidos
de manera muy rápida.

Por otro, porque, una vez que estén construidos los nuevos
servicios, permitirá que cualquier administración los incorpore
con mucha facilidad a su oferta de servicios.

Y, por último, porque la aproximación que vamos a realizar
implicará a los propios usuarios de manera activa en el diseño
de los servicios y trámites incorporados.

Se ha firmado ya un acuerdo para el desarrollo de esta red con
la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Sevilla, y han
mostrado su interés por participar muchas otras Comunidades
Autónomas y Entes Locales.

El segundo mecanismo que hemos desarrollado para facilitar la
cooperación en administración electrónica se llama SARA, que
son las siglas del “Sistema de Aplicaciones y Redes para las
Administraciones”.


Para prestar todos los servicios de la Red 060 y garantizar su
rápida extensión, es necesario disponer de una red
interadministrativa moderna y segura, con la capacidad
suficiente para integrar los servicios de todos aquellos que
deseen ponerlos en común.

Éste es el objetivo de la red SARA, que actúa como el cerebro
y los nervios de todo el sistema.

Su desarrollo se inició tomando como punto de partida la red
que interconecta a los Ministerios entre sí, a éstos con los
servicios periféricos del Estado y a todos ellos con la red
administrativa europea, así como los recursos informáticos
comunes gestionados por el Ministerio de Administraciones
Públicas.

Esta iniciativa ha tenido una muy buena acogida entre las
Comunidades Autónomas, muchas de las cuales han mostrado
ya su interés en participar en la misma, como las Comunidades
de Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Madrid y
Extremadura.


La tercera iniciativa que hemos tomado para facilitar la
cooperación interadministrativa está centrada en el ámbito
local, pues es conocido que, por regla general, las entidades de
menor tamaño, normalmente Ayuntamientos, y entre éstos los
más pequeños, son los que presentan un nivel de desarrollo
menor a la hora de proporcionar servicios electrónicos.

Las administraciones locales, además, son las administraciones
más próximas a los ciudadanos y las que más presión soportan
para prestar los servicios que éstos reclaman, por lo que se
requieren medidas especiales para ayudarles a mejorar su
capacidad de atender las demandas ciudadanas.

En esa línea, el pasado mes de enero el MAP realizó una
convocatoria pública para cofinanciar proyectos relacionados
con la modernización administrativa en las entidades locales,
cuyo plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta
el próximo día 31.

Confiamos en que la acción conjunta de este programa con el
de la red 060 y el de SARA impulse de manera decisiva la
prestación de servicios telemáticos por parte de las entidades
locales.


La cuarta decisión que hemos tomado respecto a la
administración electrónica, y con ello acabo esta parte de mi
intervención, consiste en la creación de un Consejo Asesor, con
la finalidad no sólo de aportar ideas sino también de establecer
criterios de exigencia en la generalización de la administración
electrónica.

El espíritu que inspira su creación es el de hacer partícipes a
ciudadanos y empresas en el diseño y evaluación de las
actuaciones de la Administración General del Estado en esta
materia, por lo que formarán parte de este Consejo relevantes
personalidades públicas y expertos en la materia.

En definitiva, respecto al impulso a la administración
electrónica, si de aquí a un año hemos sido capaces de cumplir
nuestro compromiso de pasar del “poder” al “deber”, enviando
al Parlamento la Ley, alcanzando los objetivos concretos que
nos hemos fijado, desarrollando la cooperación y haciéndolo
público y visible todo a través del Consejo Asesor, considero
que habremos realizado una aportación no despreciable al
avance y la modernización de la administración en España.


¿Qué entendemos por modernización administrativa?

Señorías, la administración electrónica es, como les digo, uno
de los campos esenciales de nuestro esfuerzo modernizador,
pero no es el único.

De hecho, se encuentra enmarcado dentro de un plan de
acción mucho más extenso, que hemos llamado “Plan
Moderniza” y que va a centrar la segunda parte de mi
exposición.

Aunque en muchas ocasiones se confunde “modernización
administrativa” con informatización, considero que es mucho
más que eso.

Incluye, sin lugar a dudas, la informatización de los procesos y
la introducción masiva de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en la administración, pero su objetivo
fundamental no es “informatizar”, sino “transformar” el
gobierno.

Porque, en definitiva, no hablamos sólo de tecnologías, sino de
personas.


Las Tecnologías de la Información nos permiten cambiar la
forma en que prestamos nuestros servicios, acercarnos más a
lo que los ciudadanos y empresas nos piden.

Las tecnologías son esenciales, y sin ellas no podríamos
transformar la administración, pero se trata de mucho más que
de tecnologías.

A través del Plan Moderniza hemos desarrollado distintos
programas, que se refuerzan mutuamente y que abordan la
totalidad de aspectos imprescindibles para garantizar el éxito
de la iniciativa.

Ya hemos tratado los relacionados con la administración
electrónica y con la cooperación interadministrativa.

A continuación, les hablaré de otros puntos no menos
relevantes para la modernización de nuestra administración,
como son los relacionados con el empleo público, la mejora de
la administración periférica y la calidad de los servicios.

Aunque, previamente, quizás sea mejor que les ofrezca un
panorama general del contenido concreto del Plan y de las
líneas principales de su orientación.


El contenido del Plan Moderniza

Moderniza es un plan que se asienta sobre tres pilares
claramente diferenciados pero interrelacionados entre sí y que
se refuerzan mutuamente.

Contiene, como saben, una apuesta decidida por la
Administración Electrónica, a la que ya no considera un fin en si
mismo, sino un medio para que las Administraciones Públicas
estén más al servicio de los ciudadanos.

También contiene compromisos directos con los empleados
públicos, a través del Estatuto del Empleado Público,
compromisos con la estructura de la organización encargada de
la prestación de los servicios, mediante la reforma de la
administración periférica, y compromisos con el control sobre
su calidad, a través del observatorio de calidad.

Moderniza parte de la idea de que ciudadanos y empresas
deben ser el centro de atención de las Administraciones y no al
revés.

De que las Administraciones están para servir a los ciudadanos
y no los ciudadanos a las Administraciones.


Sé que esto se ha dicho anteriormente en muchas ocasiones, y
creo que casi todos los gobiernos, sean del color político que
sean, lo intentan hacer realidad.

Y también sé que, aunque hemos avanzado en esta línea, la
asignatura todavía está pendiente o, al menos, que podemos
mejorar sustancialmente la nota obtenida.

Conseguirlo exige un cambio de enfoque, un cambio de
modelo.

Tenemos que centrar el foco en los aspectos más cooperativos
de esta empresa: cooperación entre Departamentos,
cooperación entre Administraciones y, fundamentalmente,
cooperación con ciudadanos y empresas.

Y aunque los aspectos tecnológicos son, como hemos visto,
muy importantes, y vamos a dedicar a ellos más recursos y
más esfuerzos que los que se han dedicado en cualquier
momento anterior, es preciso tener presente que “modernizar”
no consiste exclusivamente en “introducir tecnologías”.


Quiero decir que necesitaremos también mucho empuje
político, mucha cooperación interinstitucional, mucha voluntad
de servicio a los ciudadanos, mucha complicidad con los
empleados públicos, mucha “ambición de transformación”.

Y, si queremos ir más allá de la pura retórica, debemos ser
consecuentes con las exigencias operativas de este cambio de
enfoque, como están haciendo algunos gobiernos europeos y
occidentales.

Tenemos también que crear procedimientos para garantizar
que ciudadanos y empresas participen tanto en la definición de
los servicios como en la evaluación de los mismos.

Porque tienen derecho a que las administraciones se coordinen
entre ellas para prestar los servicios y descargar de las
complejidades asociadas con los temas competenciales, en la
medida de lo posible, a los ciudadanos.

Tienen derecho a que integremos nuestros servicios para que
la Administración más próxima sea la que proporcione los
servicios demandados.

Tienen derecho a un marco estable y homogéneo de relaciones
con las Administraciones.


Y tienen derecho, en fin, a ejercer su condición de ciudadanos
en todas las administraciones y en todos los servicios.

Moderniza es un primer paso para garantizar estos derechos.

Este Plan desarrolla un conjunto de 16 medidas para la mejora
de la Administración General del Estado, destinadas a mejorar
tres ámbitos principales de la actuación pública: en primer
lugar, las relaciones con los ciudadanos, a través sobre todo de
la administración electrónica; en segundo lugar, la
organización, impulsando la calidad y la participación; y, en
tercer lugar, la propia función pública, punto al que me referiré a
continuación.

Medidas de mejora de la Función Pública

Señorías, no se puede concebir una nueva Administración sin
tener en cuenta su principal activo, es decir: sus empleados.

Pensamos que es imprescindible partir de la consideración de
que el factor humano es clave en el funcionamiento de las
Organizaciones Públicas, y por ello hemos recogido dentro de
este Plan el compromiso de elaborar un Proyecto de Estatuto
Básico del Empleado Público.


El Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba
Moderniza recoge la autorización al MAP para que consulte y
negocie con las Organizaciones Sindicales, las Comunidades
Autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias, así como con los Grupos Parlamentarios, el texto
del Estatuto Básico del Empleado Público, a efectos de
presentar un Anteproyecto al Gobierno antes de agosto de
2006.

En estos momentos se está procediendo a la consulta y debate
de un borrador de proyecto de Ley con las Comunidades
Autónomas, la FEMP y las Organizaciones Sindicales más
representativas.

El texto pretende reflejar, por una parte, el acercamiento
producido entre el régimen jurídico del personal funcionario y
del personal laboral de las administraciones públicas; y, por
otra, la pluralidad de administraciones públicas territoriales
existente.

Hemos concebido un texto aplicable a todo tipo de empleado
público y, en general, también a la totalidad de
administraciones públicas.


Pretendemos que el texto final esté consensuado con los
distintos agentes sociales y con los partidos políticos, y que
suponga una apuesta general por una nueva cultura de gestión
por resultados y por la motivación del gestor para la
consecución de objetivos.

Medidas de mejora de la organización

Otro de los puntos incluido en el Plan Moderniza es la reforma
de la administración periférica.

En dicho punto, el Gobierno realiza el mandato a este Ministerio
para presentar, antes de finales de 2006, un Plan de Reforma
de la administración periférica, con medidas que incluyan la
reordenación e integración de servicios, la modernización
tecnológica y la adopción de medidas concretas de mejora de
la calidad y eficacia en el servicio a los ciudadanos.

Ya hemos dado los primeros pasos en esa dirección.

Conscientes de la necesidad de dar un servicio de calidad a la
ciudadanía, venimos analizando, desde el comienzo de la
legislatura, la situación y el funcionamiento de los servicios que
prestan las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.


Fruto de este análisis son los diversos informes de evaluación
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que,
sobre el periodo 2003 – 2005, hemos elaborado.

Pero no sólo queríamos conocer el funcionamiento de los
servicios adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas,
sino que creímos conveniente conocer también el
funcionamiento de la Administración General del Estado en
todo el territorio.

En 2005, a través de la Comisión Coordinadora de
Inspecciones de Servicios Departamentales, recabamos la
colaboración de todos los Ministerios para desarrollar un trabajo
de campo que permitiera efectuar, con una metodología común,
un diagnóstico sobre la situación del conjunto de la
Administración Periférica del Estado.

La elaboración de ambos informes nos ha permitido avanzar en
la formulación de las futuras líneas de reforma de la misma.

En este sentido, y respecto a la reordenación e integración de
los servicios, nuestro modelo de Administración Periférica debe
adecuarse, primero, a la realidad del estado autonómico y, en
segundo lugar, al desarrollo de la Ley de Agencias.


Los servicios que no resulten afectados por estos procesos
serán objeto de análisis separados para comprobar si deben o
no ser integrados en las Delegaciones del Gobierno.

En cualquier caso, el objetivo final es que el servicio que la
Administración General presta en todos los territorios sea un
servicio de calidad y con un nivel de modernización
homogéneo, y ello con independencia de que el servicio se
preste desde una Agencia, un Organismo Público o una
Delegación del Gobierno.

Otro elemento que hemos considerado esencial incluir en el
Plan Moderniza es la obtención de retroalimentación mediante
el establecimiento de sistemas permanentes que sirvan para
conocer, de forma objetiva, la opinión de los ciudadanos con
relación a los servicios que les prestamos.

Aunque tenemos previsto crear la Agencia de Evaluación de
Políticas Públicas y Calidad, hemos considerado conveniente
incluir en este Plan el Observatorio de la Calidad de los
Servicios Públicos, que fue creado mediante el Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco
general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado.


Y si ya estaba creado el Observatorio por este Real Decreto,
¿por qué hemos querido incluirlo en el Plan Moderniza?

Pues precisamente para buscar una sinergia entre todas las
medidas que se proponen, porque es una buena manera de
reforzar la conciencia de sus responsables de que forman parte
de un mismo proyecto y de que las decisiones deben tomarse
teniendo principalmente en cuenta la opinión de aquellos a los
que van destinadas las actuaciones.

En este contexto, el Observatorio se concibe como un
instrumento que permitirá analizar periódicamente la calidad de
los servicios públicos desde la óptica de la percepción
ciudadana, proponiendo iniciativas generales de mejora y
facilitando a los ciudadanos información global sobre la calidad
en la prestación de los servicios.

El producto en el que se materializará la actuación del
Observatorio será un Informe de evaluación global del conjunto
de los servicios públicos analizados, que se elaborará,
presentará y difundirá anualmente.


En estos momentos, estamos identificando y seleccionando los
servicios que serán objeto de análisis y seguimiento específico,
y a los representantes de los agentes socioeconómicos que
serán incorporados al Observatorio.

Reconocimiento del trabajo del Senado, petición de ayuda
y ofrecimiento de colaboración

Señorías, no quiero terminar mi intervención sin recordar el
excelente trabajo que realizó esta Cámara con ocasión de la
elaboración del Plan Avanz@.

En aquella ocasión, la aprobación por unanimidad de un
conjunto de recomendaciones constituyó un gran impulso para
la elaboración de este Plan, que forma parte de la estrategia
modernizadora del Gobierno para todos los ámbitos de la
sociedad española, incluyendo, naturalmente, la administración
electrónica.

Ahora que estamos ya plenamente inmersos en un proceso de
“modernización administrativa” que confiamos que sirva para
transformar de forma muy positiva el funcionamiento del
gobierno en España, quiero decirles que esperamos contar con
su apoyo también en esta tarea específica.


Porque, dada la magnitud de la empresa, no tenemos dudas de
que conseguirlo requerirá del esfuerzo de todos, ni de que el
éxito será también de todos.

Muchas gracias por su atención.