Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas. Intervención de Jordi Sevilla ante Congreso de los Diputados
14/12/2006
12 de diciembre de 2006
Agradecimiento

Quiero empezar mi intervención expresando mi agradecimiento por la cordial recepción que siempre me ha dispensado esta Comisión de Administraciones Públicas.

Objeto de la comparecencia

Esta comparecencia se produce a petición propia, para informar sobre actuaciones y medidas de modernización tecnológica de las Administraciones Públicas, y más específicamente sobre el proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado día 1 de diciembre y remitido a esta cámara.

Voy a intentar que mi intervención sirva para dar respuesta a las cuestiones e inquietudes que Sus Señorías puedan tener acerca de este tema.

En todo caso, estaré encantado de responder, tras mi intervención, a cuantas preguntas tengan a bien plantear.

La apuesta por lo público

Señorías, en mis anteriores comparecencias les he transmitido mi convencimiento de que las Administraciones Públicas son instrumentos que deben servir, ante todo, para impulsar el desarrollo social y democrático de nuestra nación, garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar la justicia social.

Pues bien considero que, a estas alturas de la Legislatura, ya no pueden caber dudas de la firme apuesta que ha hecho el Gobierno por lo público, con diversas iniciativas y medidas de reforma con las que pretendemos reforzar el ámbito común de la ciudadanía.

Creemos en la importancia de la Administración porque constituye, como he dicho en ocasiones anteriores, una auténtica fábrica de derechos y la mejor garantía para las libertades de todos los ciudadanos.

Es por ello que resulta crucial que aseguremos su buen funcionamiento, de manera que dispongamos de unos servicios públicos que respondan con eficacia y eficiencia a las características y requerimientos de la sociedad española actual, como sociedad democrática avanzada.

También para el desarrollo económico es esencial tener una buena Administración Pública, porque, aunque el rendimiento económico de las empresas y profesionales de un país no dependa sólo de lo que haga la Administración, está claro que la forma como ésta desempeñe sus tareas influye enormemente en la eficiencia de la economía nacional, empezando por el tiempo y los recursos que ciudadanos y empresas deben dedicar a sus relaciones con la Administración.

Las Administraciones Públicas también influyen en la economía de un país como motores de cohesión social, que produce estabilidad y un marco propicio para el acuerdo y la concertación, ingredientes esenciales para un desarrollo armónico y duradero.

Pero no es sólo eso; además, lo público puede abrir caminos que a la sociedad le cueste un poco recorrer, puede y, diría más, debe liderar algunos cambios que resultan esenciales para que nuestro avance no se detenga y nos podamos situar, como país, en la parte delantera del tren del desarrollo europeo.

Es por todo ello que, desde el Gobierno, hemos dedicado una gran atención a todos los temas relacionados con la modernización administrativa, lo que nos llevó a la aprobación del Plan Moderniza, hace ahora un año, y al desarrollo de los puntos que lo componen.

Uno de los aspectos fundamentales de dicho plan está centrado en el impulso a la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración, en el que, como saben, hemos invertido una parte considerable de nuestros esfuerzos, que han dado como fruto más destacado la elaboración de un marco normativo que consideramos adecuado para el lanzamiento definitivo de la Administración Electrónica en España.

Me estoy refiriendo al proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado día 1 de diciembre, y remitido a esta cámara para su tramitación parlamentaria.

Voy a centrar mi intervención en dicho proyecto de Ley, aunque ello no excluirá que me refiera también a otras actuaciones del Gobierno para la modernización tecnológica de la Administración, porque todas ellas se enmarcan, como les vengo diciendo, en esta norma básica que pretende integrar todos los esfuerzos para un desarrollo coherente de la Administración Electrónica y para un impulso decisivo a la implantación de la Sociedad de la Información en España.

Situación de la Administración Electrónica

Señorías, es indiscutible que han existido importantes esfuerzos, por parte de éste y de los Gobiernos anteriores, para la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración Española.

Como resultado de dichos esfuerzos, se puede decir que tener una Administración que esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, accesible desde cualquier lugar geográfico, incluso desde el hogar o la oficina, ya no es un sueño imposible de conseguir.

Porque es algo que ya existe para algunos servicios de algunas Administraciones y de algunos Departamentos Ministeriales.

No sólo las empresas privadas, o al menos algunas de ellas, han aprendido a utilizar las tecnologías para prestar mejores servicios, también las Administraciones Públicas hemos aprendido a hacerlo.

Hablar hoy día de los servicios electrónicos que prestan la Agencia Tributaria o la Seguridad Social es hablar de excelencia, pero también lo es hablar de los servicios que prestan el Servicio Público de Empleo o el Catastro, aunque sean menos conocidos, así como los que prestan un buen número de Comunidades Autónomas e incluso algunos Ayuntamientos.

Lo cierto es que prácticamente todos los organismos o departamentos que han decido prestar servicios usando procedimientos electrónicos valoran muy positivamente el resultado final.

Si esto es así, ¿por qué no todos los servicios de todas las Administraciones son accesibles electrónicamente?

¿Por qué unas Administraciones o unos Departamentos han avanzado mucho en este proceso de informatización y otros tan poco?

¿Y por qué algunos procedimientos dentro del mismo Departamento se pueden realizar desde la casa de uno cualquier día de la semana a cualquier hora, y para hacer otros nos obligan a perder un día o una mañana de trabajo o de ocio para ir a una oficina pública a entregar un papel o a pagar una tasa?

¿Por qué para unos sí y para otros no?

Éstas son algunas de las preguntas que nos hacíamos antes de elaborar la Ley que les voy a presentar hoy aquí.

Es cierto que, como les vengo diciendo, en los últimos años España, con este Gobierno y con los anteriores, en la Administración General del Estado y en el resto de Administraciones, se ha destinado muchos recursos a lo que se ha venido a denominar Administración Electrónica, que no es otra cosa que la utilización Intensa de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para prestar servicios públicos.

También lo es que disponíamos de un entorno normativo que permitía, a aquellos que lo deseaban, prestar servicios de manera electrónica.

Y esto es precisamente lo que ha ocurrido: que los que han querido prestar servicios, lo han hecho, y los que no, pues no lo han hecho.

Por esta razón, el resultado ha sido un modelo de desarrollo que yo denomino "el modelo de islas".

Islas entre administraciones e islas entre departamentos, e incluso islas dentro del mismo departamento, porque cada Administración hemos desarrollado o dejado sin desarrollar los servicios que nos ha parecido oportuno.

A fin de cuentas, no teníamos la obligación de hacerlo, y nadie nos podía exigir que cumpliéramos con una norma establecida, porque ésta no existía.

Es por ello que los esfuerzos en nuevas tecnologías en el seno de la Administración se han dedicado, prioritariamente, a otras cosas, como informatizar el proceso interno, para simplificar y reducir la carga de trabajo interna.

Es cierto que existe, en estas aplicaciones, la intencionalidad de permitir el acceso directo, posteriormente, de los ciudadanos a los sistemas informáticos de la Administración, pero también lo es que, en muchos casos, se ha quedado en eso, en la intención, sin que las declaraciones que todas las Administraciones hemos hecho, desde hace mucho tiempo, acerca de que queremos poner al ciudadano en el centro de nuestro trabajo hayan tenido efectos generalizados.

Este modelo de desarrollo tecnológico de la Administración española ha producido unos resultados, en el contexto europeo, que no podemos calificar más que como discretos, dado que ocupamos una posición intermedia en todas las clasificaciones de niveles de servicios públicos electrónicos de la Unión Europea, estando bastante alejados de los países líderes.

Y, pese a que los presupuestos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas han tenido un incremento muy significativo en los últimos años, habiendo multiplicado casi por cuatro los gastos en los últimos trece años, el desarrollo de los servicios dirigidos a los ciudadanos es aún escaso, frente a un desarrollo sensiblemente superior de los servicios destinados a las empresas.

Sin embargo, tanto los ciudadanos como las empresas se muestran muy satisfechos con la posibilidad de recibir servicios de la Administración electrónicamente, lo que nos informa de que existe una demanda social al respecto que, aunque no sea abrumadoramente mayoritaria, ya que el desarrollo de la Sociedad de la Información en España no ha alcanzado aún los niveles de otros países más avanzados, es necesario atender y, sobre todo, extender.

Radiografía electrónica actual de España

Porque, pese a que el nivel de gasto familiar en España en Tecnologías de la Información está creciendo de manera considerable y sostenida en los últimos años, hoy en día un 40% de nuestros hogares está conectado a Internet y la mitad de los españoles son internautas, cifras aún bastante alejadas de las que registran las principales naciones desarrolladas del mundo.

Existen, de todas maneras, algunos datos que nos invitan al optimismo, como el que un 65 % de esos internautas tengan menos de 34 años, el que un 83 % de los jóvenes entre 16 y 24 años hayan accedido a Internet en los últimos tres meses, o el que un 90% de los estudiantes sean internautas.

Todo esto nos indica que existen muy buenas perspectivas para el futuro de la Sociedad de la Información en España, y no está mostrando también la necesidad de que, desde las Administraciones Públicas, demos un buen empujón a la generalización del uso de las nuevas tecnologías en todos los órdenes de la vida en nuestro país, empezando por las relaciones de los ciudadanos con la Administración.

Lo que está haciendo el Gobierno .....

Continua en Documento anexo 

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