En España existen vacíos legales en relación con las criptomonedas y su aplicación
Para los no iniciados, Blockchain consiste en una base de datos distribuida que registra bloques de información de manera continua, los cuales se enlazan entre sí a través de la criptografía. Esta técnica de cifrado permite que la información almacenada sea verificada, pero no alterada. Según el socio de mercantil de Roca Junyent, Xavier Foz, «esta validación se hace de manera simultánea por una red de nodos que actúa de forma descentralizada, lo que mejora la seguridad de los datos».
Dicha seguridad debe reforzarse desde el ámbito legal para evitar ambientes de incertidumbre. Por ello, Foz incide en que «el papel de los abogados en esta tecnología es clave. Por un lado, afecta a múltiples disciplinas del derecho; por otro, como toda innovación, genera situaciones de duda ante la falta de regulación específica de muchas de sus facetas, lo que supone un reto para los juristas y abre interrogantes en cuanto a cuestiones como el régimen de responsabilidad de los intervinientes en el proceso».
En esta línea, Eugenia Navarro, profesora de Estrategia y Marketing jurídico ESADE Law School asegura que «los abogados deberán ser capaces de entender la tecnología y ser tecnólogos. Trabajar en cultura colaborativa con otros profesionales y disciplinas y en organizaciones más líquidas en las que el mejor talento se alineará por equipos con las mejores competencias para trabajar por proyectos».
Un aspecto importante relacionado con el ‘blockchain’ es la diferenciación entre las criptomonedas, monedas virtuales convertibles que pueden usarse como medios de pago, y los tokens, una representación de una funcionalidad en una red o de activos.
Para el CEO y cofundador de Icofunding, Alejandro Gómez de la Cruz, ambos conceptos están cambiando el sector financiero de forma rápida y notoria. «Cuando la tockenización se consolide y asiente veremos cómo las estructuras del sector financiero actual se convertirán en otra cosa, con más valor añadido y mucha menos intermediación», ha explicado durante el acto organizado por Lefebvre – El Derecho junto con ESADE Law School.
Ante esta perspectiva, en España existen vacíos legales que es necesario suplir. El reto para la abogacía es dar respuesta a las incógnitas con la interpretación del marco legal actual y el uso de los criterios que han empezado a emitir los reguladores que ya se han visto involucrados en procesos judiciales.
La jornada ha concluido con el debate sobre el ‘smart contract’, una herramienta de código computacional programable (‘scripts’) que se almacena en una red de ‘blockchain’ y se ejecuta de forma autónoma. Una tecnología que permite que se realicen uno o varios términos contractuales entre varios agentes que responden a una lógica booleana (‘si esto, entonces esto’).
De momento no se puede evaluar qué impacto tendrá este software dentro del sector de la abogacía. Por eso, José Ramón Morales, socio de Mercantil de Garrigues, insiste en que «es posible que los ‘smart contracts’ estandaricen ciertos procesos y hagan más eficiente la ejecución de algunas cláusulas legales con un componente muy objetivo, algo que puede redundar en una menor necesidad de la intervención del abogado en esos casos». Aún así, la figura jurídica seguirá siendo necesaria para la creación de la representación de estos protocolos informáticos en lenguaje natural.
Fuente: www.ciospain.es