La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) propone mejoras en la contratación pública de consultoría y servicios TI
03/12/2019
La AEC publica un informe que analiza la aplicación práctica de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El documento propone varias alternativas para la solución de algunos problemas detectados. El objetivo es mejorar la calidad de los procesos de contratación y, en consecuencia, de los servicios públicos.

Madrid, 2 de diciembre de 2019- La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha elaborado el informe: Propuestas de mejora para la contratación pública de consultoría y servicios TI.

El documento se centra en los problemas identificados en tres ámbitos de aplicación de la nueva LCSP: el uso de la contratación electrónica, la transparencia en los procesos de contratación y la incorporación de criterios sociales y medioambientales en las licitaciones.

Para cada uno de ellos, la AEC ha hecho un análisis de la situación actual, incluyendo la normativa y doctrina de referencia, y ha planteado algunas recomendaciones para solventar los problemas detectados.

Uso de la licitación electrónica

Administraciones Públicas y empresas han realizado un importante esfuerzo para la adaptación y puesta en marcha de la licitación electrónica.

Sin embargo, la indisponibilidad ocasional de las plataformas de licitación, y la existencia de múltiples plataformas dificultan y, en ocasiones, impiden que las empresas puedan presentar sus ofertas en plazo.

En el informe, la AEC propone varias alternativas para que las compañías puedan concurrir a la licitación, a pesar de estas limitaciones.

Transparencia en los procesos de contratación

La transparencia es un principio fundamental en los procesos de contratación pública. Aunque con la nueva LCSP se ha avanzado mucho, se siguen produciendo algunas disfunciones que generan inseguridad jurídica para los licitadores.

La apertura de ofertas no es siempre pública y algunos órganos de contratación tardan en comunicar a los participantes el resultado de la adjudicación. Esta ausencia de información en el plazo adecuado puede perjudicar a los licitadores.

La AEC propone una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la comunicación con las compañías. El objetivo es que las empresas tengan a tiempo la información necesaria para planificar la asignación de recursos a los proyectos, o ejercer el derecho a la presentación de apelaciones.

Para aumentar la transparencia por parte de las Administraciones Públicas, la Asociación recomienda fomentar un uso ágil y adecuado de algunos mecanismos que permite la LCSP como, por ejemplo, las consultas preliminares al mercado, la compra pública innovadora o las publicaciones previas con mayor información.   

Criterios sociales: brecha de género

La nueva LCSP promueve una contratación pública socialmente responsable. Para ello define unos criterios sociales y medioambientales exigibles como condiciones de solvencia, valorables como criterios de adjudicación y controlables durante la ejecución de los contratos.

La consideración de estos criterios en los procesos de contratación no está exenta de dificultades. Desde la AEC se propone incluir ejemplos de aplicación de los criterios sociales en los Planes y Guías de Contratación Socialmente Responsable que elaboran algunos organismos.

Uno de los aspectos que más preocupa a las empresas de la AEC es la inclusión de criterios sociales de género.

Conformar equipos de trabajo en los que exista paridad de género es complicado dada la realidad del mercado laboral actual (solo el 16,1% de los especialistas TIC en España son mujeres), por lo que la AEC recomienda que la introducción de estos criterios cumpla con los principios de proporcionalidad y gradualidad.

La AEC confía en que este documento sea de utilidad para mejorar la calidad de la contratación pública en general, no sólo de los servicios de TI y consultoría.  

Por ello, la Asociación se ofrece para colaborar con las Administraciones Públicas en la puesta en marcha de iniciativas que permitan mejorar la eficiencia de los servicios públicos, al tiempo que se fortalece la competitividad del país.