Fuente:www.rrhhmagazine.com Fecha: 27.03.2009
Además, el coste de los despidos se disparó en el último trimestre del año, cuando el gasto alcanzó los 167,8 millones de euros, más de 2,5 veces por encima del registrado en el tercer trimestre, cuando rondó los 62 millones de euros.
Del total abonado por las empresas en 2008, 228 millones de euros correspondieron a despidos por sentencia, cifra un 84,9% superior a la registrada un año antes. Este incremento fue menor en el caso de los despidos por conciliación, a los que las empresas dedicaron 114,4 millones de euros, un 60,4% más.
El resto de conflictos individuales se saldaron con 183,4 millones de euros reconocidos a los trabajadores, un 32,6% más que en 2007. De todos ellos, 147 millones correspondieron a conflictos individuales por sentencia (+33,5%), mientras que 36,5 millones fueron para conflictos por conciliación (+29,4%).
Por su parte, las indemnizaciones recibidas por los empleados por conflictos colectivos alcanzaron los 3,8 millones de euros en el conjunto del pasado año, cifra un 8,5% inferior a la registrada al cierre de 2007.
La suma reconocida por asuntos judiciales relacionados con la Seguridad Social, como afiliación, cotización, prestaciones, accidentes de trabajo o enfermedades laborales, descendió a 10,5 millones de euros, un 19,6% menos que en el ejercicio anterior.
En concreto, 10,2 millones correspondieron a asuntos judiciales por sentencia (-15,1%) y 0,36 millones a asuntos judiciales por conciliación (-67,8%).
Los empresarios piden abaratar el despido
En este contexto, los empresarios vienen pidiendo un abaratamiento del despido a través de un nuevo ‘contrato de crisis’ que contemplaría una indemnización de 20 días por año, frente a los 45 actuales en el caso de un trabajador con contrato indefinido.
Sin embargo, su propuesta ha sido rechazada desde todos los frentes, empezando por los sindicatos. El Gobierno también salió al paso y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que no apoyaría una reforma que contemplase un abaratamiento del despido, y se mantuvo firme en su apuesta por reforzar la protección social de los trabajadores.
La reacción más polémica fue la del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien en un primer momento argumentó a favor del abaratamiento del despido y más tarde, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, se desdijo y aclaró que en ningún momento apoyó esta medida.
Incluso el PP se ha mostrado en más de una ocasión en contra de este contrato de crisis. Su portavoz económico en el Congreso, Cristóbal Montoro, aseguró que sería "catastrófico" adoptar iniciativas en esta dirección y apostó por facilitar la contratación y la financiación a las pequeñas y medianas empresas.